El protocolo de buenas prácticas urbanísticas, obligado por el acuerdo para evitar el derribo de la antigua sede de Fenosa, entra en vigor al ser publicado en el número de ayer de Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Tiene forma jurídica de Instrucción municipal, que no tiene rango normativo sino ejecutivo. Las instrucciones son documentos administrativos a través de los que los cargos municipales dirigen la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes.
"El fin de la controversia judicial derivada del asunto del antiguo edificio Fenosa debe erigirse en un nuevo Nunca Máis exigido con fuerza y al unísono por la ciudadanía', comienza la introducción del texto, que fue redactado en el transcurso de la mediación que ha puesto fin a más de dos décadas de pleitos, después de que el Gobierno de Francisco Vázquez otorgase una licencia ilegal a la constructora Fadesa.
El objetivo, según el preámbulo del texto, es que " Nunca Máis vuelva a suceder un caso semejante". Establece tres grupos de medidas. Uno, destinado a "proteger a terceros de buena fe", después de que propietarios hayan denunciado que fueron engañados al habérseles ocultado la denuncia del arquitecto sobre la licencia del inmueble. El segundo grupo busca mejorar el funcionamiento de los servicios municipales y que no se resuelvan los recursos de los vecinos sin el estudio necesario. El tercero tiene por objeto impulsar los trámites legalmente establecidos para dilucidar responsabilidades y reclamar el reintegro de indemnizaciones si la reclamación ha dañado al erario local.
La junta de gobierno tomó conocimiento de la tramitación de 189 expedientes. Quince de ellos corresponden a la concesión de licencias, la mayoría para rehabilitación y ascensores. Un total de 112 son obras con régimen de comunicación previa; 36 son actividades en régimen de comunicación previa y 18, actividades en régimen de declaración responsable.
