La resolución del Supremo que condena al Ayuntamiento a pagar 14,5 millones de euros más a los afectados por las expropiaciones para el castro de Elviña realizadas entre 2001 y 2005, con Francisco Vázquez como alcalde, cierra un capítulo que ha durado más de dos décadas, pero abre uno nuevo: el de la ejecución completa del plan especial para esta zona, que prevé más expropiaciones. "La lista de afectados es interminable", señala el abogado Juan Manuel Santos Porto, que junto al exalcalde José Manuel Liaño Flores representa a la mayor parte de los vecinos que "tras 21 años" recibirán el dinero de sus parcelas, 50 euros por metro cuadrado más intereses.

Los terrenos que fueron expropiados entre 2001 y 2005 corresponden a la primera y a parte de la segunda fase de un plan de etapas para la realización de una Casa de los Antepasados, la recreación del castro y la construcción del mirador del castro. "Aún queda por expropiar los terrenos del resto de la segunda fase, la tercera, la cuarta y la quinta que, según el Plan Especial, tenía que estar acabado en 2004", informa el letrado, que apunta que este proyecto también está "incluido en el Plan General de Ordenación Municipal de 2013". "Ahí se vuelve a decir que hay que expropiar", apunta.

Unos planes que, aunque todavía no se han llevado a cabo, afectan a los dueños de las parcelas de la zona, ya que "tienen una propiedad con una afección que tienen que estar soportando. "Saben que el terreno no va a ser suyo pero tienen que desbrozarlo y limpiarlo. No pueden hacer nada. Llevan mucho tiempo soportando todas las cargas de una propiedad pero sin tener ningún beneficio", explica Juan Santos, que recuerda que "desde 1998 se sabe que se va a desarrollar este plan".

El letrado asegura que "queda una barbaridad por expropiar", por lo que aunque el Supremo haya dado razón a los afectados por las expropiaciones ejecutadas entre 2001 y 2005, "aún queda mucho". "Esto no se acaba aquí, ni mucho menos", detalla.

La comisión de valoración, que se formó a orden del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para valorar el precio del suelo, concluyó que el precio mínimo es de 50 euros por metro cuadrado, ante los doce euros que ofrecía el Ayuntamiento. A esto habría que sumar los intereses, por lo que los vecinos podrían recibir hasta 80 euros por metro cuadrado. Sin embargo, esto no tiene por qué ser igual en el resto de terrenos que quedan por expropiar. "El precio variaría porque el TSXG sostiene que solo tienen derecho a la indemnización por los restos arqueológicos aquellas propiedades que estén afectadas", señala Santos, quien reitera que "los propietarios todavía no saben qué va a ser de sus parcelas".

En el caso de los ya expropiados, que podrán cobrar tras dos décadas de litigio, el abogado asegura que la sentencia, a estas alturas, "no vale nada". "Qué justicia es cuando han pasado 21 años", lamenta el abogado, que asegura que "muchos de los afectados ya han muerto o son mayores". "Hay de todo porque hay muchos casos pero algunos expropiados no llegarán a ver su dinero", añade.

El letrado defiende que "las administraciones se han tirado balones durante todo este tiempo", años que han "caído como losas", y asegura que los únicos "perjudicados han sido los expropiados". Ahora les toca el turno a aquellos que tienen terrenos "bloqueados" desde hace más de 20 años. La amenaza de expropiación continúa.