Lolita López y su hermano Enrique son de los que pueden decir que han cerrado una etapa de sus vidas, aunque no del todo. En 1998 empezaron a escuchar que les expropiarían parte de sus tierras, las que estaban pegadas al castro de Elviña, unas que estaban cerradas con una muralla, en 2005, finalmente, se dejaron de ser suyas y se las pagaron, pero a un precio muy inferior al que, ahora, se sabe que valían. Cobraron aproximadamente doce euros por metro cuadrado cuando el Tribunal Supremo les reconoce, casi quince años después, que deberían habérselas pagado a 50 euros.

En total, el Concello tendrá que abonar 14,5 millones de euros a todos los afectados que, como Lolita y su hermano Enrique reclamaron en su día.

Después de tantos años de lucha en los juzgados y de sentirse, muchas veces "ajenos" a la realidad que estaban viviendo, Lolita dice que está aliviada, aunque no del todo. "Me acaba de decir el abogado que no hay fecha para cobrar, que tanto pueden ser tres meses como tres años o cuatro", explica López, que está contenta con el fallo del Supremo, aunque considera que, con todo, no percibirá todo el dinero que las tierras podrían darle.

"Antes, nuestros mayores, para no pagar tanta contribución, lo que hacían era escriturar menos metros de los que tenía la finca. Ahora, con esto nos pagan según los metros reconocidos que tenemos. En mi caso son 2.942, aunque, en realidad, hay mil más, pero esos no los pagan", explica Lolita, que recuerda que, un día, su padre se cayó en "un aljibe del castro". Ella ya no vive en el núcleo de Castro de Elviña, aunque sí que le queda familia allí.

No siempre las tuvo todas consigo de que el Supremo fallase en su favor „una decisión contra la que no cabe recurso„. "Yo lo daba por perdido", dice López del proceso, ya que no es el primer revés que sufre en los tribunales por sus tierras. Una vez que cobre, asegura que tiene todavía muchos gastos que cubrir, tanto los del abogado como los del historiador Felipe Senén „que emitió un informe en el que decía que las tierras debían pagarse a 50 euros„ y los del procurador y otros gastos del pleito, así que, prevé que para ella, se le quede el 35% del total,

Dice Loli Bregua, del bar El Escorial, en el núcleo rural de Elviña, que al que más al que menos, a todos en el barrio le expropiaron algo, una finca, una casa, un terreno que le habían dejado sus padres o unos metros de tierra, imprescindibles para hacer una carretera.

Les expropiaron para la construcción de las facultades de la Universidade da Coruña, para un campo del fútbol, el del Relámpago, que nunca se levantó, y también para la excavación del castro de Elviña, así que, la pérdida de sus tierras es una herida que no cicatriza.

Algunos, como cuenta Pepe, que tiene su casa al pie de la carretera, se han muerto sin conocer el fallo de la sala y el fin de un proceso judicial que les ha acompañado toda la vida. Y es que, en el núcleo del castro de Elviña la mayoría de las familias tiene abogado y espera por alguna resolución judicial. Muchos de ellos, una que cambie su situación económica radicalmente después de tanta espera, otros, simplemente con la esperanza de poder verlo.

Un barrio que está constantemente amenazado por las expropiaciones y que vio como algunas de las promesas que se les hacía no se cumplieron, se queja ahora de "la falta de servicios".

"En todos los sitios hay parques para que la gente mayor haga ejercicio, menos aquí, no tenemos nada, ni aceras tenemos, estamos abandonados", se queja Loli, del otro lado del mostrador, y sus clientes asienten. "Pagamos los mismos impuestos que los demás, pero no tenemos servicios. Vivimos muy tranquilos, eso sí", dice uno de los vecinos, que no nació en el barrio, pero que llegó en 1978, así que, todos saben que, como Manolito el de la tapicería, que es hermano de Lolita López, y otros vecinos más, si todo va bien, aparecerá en el bar sobre las 13.15 horas.

De ellos, de los que se juntan a diario para compartir un vino en El Escorial, ninguno dice ser de los beneficiarios de la decisión del Supremo. Todos ellos, según cuentan, siguen esperando una sentencia que no llega.

Algunos de ellos, como Pepe, están inmersos en el proceso de expropiación de la Universidade da Coruña, cuando les pagaron los terrenos a 4.600 pesetas por metro cuadrado, en 1995. Desde su casa ve que, las que eran sus tierras, son ahora parte del campus. "Está todo terminado, pero nosotros aún no cobramos", dice Pepe, que lamenta que algunos de sus familiares hayan fallecido sin saber si tenían o no razón.