El alcalde, Xulio Ferreiro, avanzó ayer que el Concello acudirá al Tribunal de Cuentas para "buscar responsabilidades" en la concesión de la licencia ilegal de reforma del edificio Fenosa, en 1997 y bajo el mandato del exregidor Francisco Vázquez. Eso sí, lo hará, añadió, cuando se abone al denunciante del caso los 2,9 millones de euros que estableció el acuerdo extrajudicial al que llegó el Ayuntamiento con las partes el pasado mes de febrero.

El órgano estatal, indicó ayer Ferreiro, ha comunicado a la administración local que existía una denuncia pero que el propio interesado, el exconcejal socialista José Antonio Sánchez Penas, había rechazado personarse. "No se nos emplazó a personarnos", expuso ayer el alcalde, que considera que no es "el momento procedimental oportuno" para reclamar ante el Tribunal de Cuentas. "Lo que exige la jurisprudencia del tribunal es que antes de buscar responsabilidades exista el daño patrimonial", alertó el regidor, por lo que el pago, aún pendiente de efectuar, es el primer paso para poder hacer, dice, el siguiente trámite. La cantidad está incluida en el cambio del presupuesto aprobada por el pleno inicialmente y actualmente en período de alegaciones.

Ferreiro está seguro de que si se realizara ahora mismo la petición antes Cuentas, esta no fructificaría. "No podemos abrir diligencias delante de un órgano que lo más posible es que diga que en este momento no es competente", prevé, por lo que opta por esperar a la situación justa. "Cuando sea el momento, estaremos en todas las instituciones en las que tengamos que estar", ratificó el alcalde, que rememoró que el propio Concello ya ha abierto una investigación interna sobre las posibles responsabilidades y "quebranto patrimonial" para las arcas públicas.

Hace poco más de diez días que el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, anunció el inicio de las diligencias informativas previas para la exigencia de responsabilidades de la licencia de obras de rehabilitación que varias sentencias consideraron ilegal. "El procedimiento tendrá como objetivo la identificación del personal funcionario y autoridades que hayan participado en cada una de las fases del procedimiento y las actuaciones atribuibles a cada uno de ellos", explicó el edil. Además de Vázquez como regidor, el concejal de Urbanismo en el momento en que se concedió el permiso era el socialista Salvador Fernández Moreda.

"Ni la ciudad ni el Concello tienen por qué asumir que no haya personas con nombres y apellidos que sean responsables de esta situación, la de un despropósito urbanístico que la ciudad arrastró durante más de veinte años", apuntaba el alcalde el pasado mes.

El acuerdo con la comunidad de propietarios y el demandante, a través de la mediación propuesta por el Gobierno local, fue ratificado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el pasado 8 de febrero y evitó, según el propio órgano judicial, "el coste público que supondría el derribo del inmueble y su reconstrucción, estimado en 60 millones de euros". Además del pago de la indemnización de casi tres millones al denunciante, el documento incluye el reconocimiento público de la responsabilidad de la corporación por la anulación de la licencia de obras; la confección de un catálogo de buenas prácticas para evitar errores similares en el futuro; la construcción de medio centenar de pisos municipales en el parque ofimático y la legalización del edificio como "inmueble singular".