Las dos mujeres que este lunes iban a ser desahuciadas del piso en el que vivían alquiladas en la calle Perú no informaron de su difícil situación ni a los servicios sociales municipales ni a otras entidades o colectivos de ayuda relacionados con la vivienda, aseguran fuentes judiciales. Ni la concejalía ni la plataforma Stop Desahucios estaban enteradas del caso, que alcanzó tal desesperación en las afectadas que las condujo al supuesto suicidio de una de ellas con la ayuda de la otra, su hija. Esta renuncia a comunicar una amenaza de desalojo por impago del alquiler y a solicitar ayuda se repite en otros casos de desahucio. La vergüenza a exponer su situación y la desconfianza en los procesos administrativos son las razones principales por las que algunas familias viven sus dramas en silencio y en solitario.

"En casos como el de San Roque, con apenas vida social de las mujeres, las personas están metidas en un bucle del que es muy complicado salir. Sin trabajo, sin dinero, sin soluciones alternativas. Esto se extiende de manera brutal y son efectos colaterales, aún, de la crisis económica", admite Ángel Garmendia, funcionario del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de A Coruña.

"Cada caso es único, y como el último hay otros que ni se descubren. Entre el 80% y el 90% de los casos de desalojos se da la suma de falta de trabajo, enfermedad y discapacidad. Esa combinación lleva a la desesperación, y así trascienden los dramas más duros, algunos sin que los afectados hayan buscado asesoramiento o ayuda", estima Pablo Fernández, portavoz de Stop Desahucios.

La situación es de alarma. El partido judicial de A Coruña, que engloba los concellos de Arteixo, Cambre, Carral, Cerceda, Culle-redo, Oleiros y la ciudad de A Coruña, cursa dos procesos de desahucio al día, entre 200 y 300 al año, estima Garmendia, que señala "un aumento" de intervenciones de los servicios sociales municipales. No es consuelo que de enero a septiembre de 2018 cayeran los lanzamientos de 33 a 14 al mes, ya que se debió a la huelga de los funcionarios de Justicia.

"Si no nos ponemos las pilas todas las administraciones, si no se coordinan entre unas y otras con la figura de un conector o interlocutor, se nos va a ir de las manos. Esto no lo arregla ningún partido, no lo arreglan cinco pisos de alquiler nuevos, sino un número importante de viviendas de alquiler social y con garantías para los propietarios", alerta el funcionario.

La mayor parte de los casos se ejecutan por impago de alquiler: 102 de los 127 registrados de enero a septiembre del año pasado. Un porcentaje menor es por ejecución hipotecaria, aspecto en el que inciden, con dureza hacia los bancos, colectivos como Stop Desahucios. "Estos casos nos dejan muy tocados. Porque vemos que el sistema financiero ignora las dificultades de vivienda y crea situaciones de abuso social. Y luego reconocen que hacemos una gran labor social. ¿Y la suya, cuál su gran acción social?", protesta Fernández.