Afectados por las expropiaciones del castro del Elviña ejecutadas entre 2001 y 2005 presentarán una alegación a los presupuestos municipales para que el Concello incluya los 14,5 millones de euros que les debe. El Tribunal Supremo no admitió a trámite el recurso de casación del Concello contra la sentencia del Tribuna Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que reconocía a los demandantes que el precio de sus fincas debía elevarse de los doce euros por metro cuadrado que ofreció entonces el Ayuntamiento a los 50 que dictó un comisión administrativa. La resolución del Supremo obliga al Gobierno local a pagar 14,5 millones de euros por la diferencia de 38 euros por metro cuadrado de las propiedades expropiadas y por los intereses generados durante un proceso que se inició hace casi dos décadas.

El abogado Juan Manuel Santos, que junto al exalcalde José Manuel Liaño Flores representa a la mayor parte de los vecinos expropiados, detalla que se está reuniendo con sus clientes para "presentar un escrito" contra los presupuestos. "Queremos preguntar por ese dinero y por qué no esta en los presupuestos. Esta deuda tiene que figurar", señala.

No es la primera vez que los expropiados alegan a las cuentas municipales. Lo hicieron en 2017 para que se incorporasen, como señalaban en el escrito, "partidas presupuestarias y suficientes a fin de atender las obligaciones de pago que tiene pendientes el Ayuntamiento" con los afectados por el Plan Especial llevado a cabo en el castro de Elviña, para el que todavía quedan más de tres fases por completarse. Los expropiados entre 2001 y 2005 alegaron entonces que la comisión de valoración formada a orden del TSXG para tasar el precio del suelo había concluido que el pago sería de 50 euros por metro cuadrado más intereses. Una decisión que, según apuntó el Concello en su día, no constituía "un acto firme" por lo que no había "obligación de incluirlo en los presupuestos". Argumentos que sirvieron para desestimar la alegación y no incluir en las cuentas el dinero que corresponde a los afectados del castro del Elviña.

Dos años después la situación ha cambiado y los expropiados volverán a alegar al presupuesto. Esta vez existe una sentencia en firme que obliga al Concello a pagar 14,5 millones de euros. Fuentes municipales recuerda, sin embargo, que hasta que el TSXG notifique este fallo, no será llevado a Junta de Gobierno local. Entonces se valorará, según el alcalde, Xulio Ferreiro,"la fórmula para ejecutarlo y reconocer a los propietarios del ámbito el precio que se fija en dicha sentencia".