El alcalde, Xulio Ferreiro, descarta aceptar la alegación de los afectados por las expropiaciones de Castro de Elviña al cambio en el presupuesto para incluir los 14,5 millones de euros que el Tribunal Supremo ha ratificado que el Concello debe a este centenar de vecinos. Según explicó ayer el regidor, el análisis que realizarán los funcionarios caso por caso para fijar cuál es la indemnización que corresponde a cada uno no será "un trabajo inmediato".

Ferreiro afirma que Rexeneración Urbana tendrá que calcular "expediente por expediente" las compensaciones para hacer el reparto y, mientras, dijo, está "intentando" marcar un encuentro con la asociación vecinal de la zona y con los propios expropiados para exponerles la "hoja de ruta" que tiene el Concello con este asunto. El alcalde apunta que la administración local asume el "reconocimiento los derechos" de cada uno de los vecinos, pero insiste en que lo hará haciendo una "individualización".

El abogado Juan Manuel Santos, que trabaja junto al exalcalde José Manuel Liaño Flores, y que representa a la mayor parte de afectados, reconoció ayer que fue el encargado de registrar la alegación a la modificación del presupuesto en nombre de todos sus clientes. Reprocha al alcalde que el proceso se llevó en un "expediente único" . Otros dos vecinos, a título particular, también presentaron reclamaciones.

La no admisión del Supremo de un recurso del Concello a la sentencia sobre el caso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) reconoció el derecho a los vecinos a los que se expropió alrededor del castro de Elviña a percibir 50 euros por metro cuadrado y no los doce que había abonado el Ayuntamiento. También garantizaba que la administración local aumentaría la cantidad por los intereses acumulados desde que se produjera el proceso de desafectación de los terrenos, entre 2001 y 2005, hasta ahora.

Estas expropiaciones se ejecutaron para desarrollar la primera y parte de la segunda fase del plan especial del castro de Elviña, un proyecto que se puso en marcha en el año 1998 con la aprobación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).