El Gobierno municipal prevé presentar en el próximo consejo de la Empresa Municipal de Vivienda (Emvsa), el 15 de abril, el reglamento para la creación de un banco de viviendas de alquiler para colectivos con dificultades y cómo se adjudicarán los pisos que acaben formando parte de él. Según la normativa, una comisión permanente decidirá el precio que tendrá que pagar la unidad de convivencia beneficiada, que nunca podrá superar el 20% de sus ingresos o el 15% si solo percibe la Risga o la Renta Social Municipal. Emvsa asumirá la diferencia del alquiler en concepto de subvención. Primero, se tendrá que abrir una convocatoria para crear el banco de pisos, cuyos propietarios no percibirán más de 600 euros o incluso podrán ceder sus propiedades de forma gratuita.
El Concello firmó la encomienda a la sociedad pública a finales de 2017. Lo hizo por dos años, por lo que tendría que renovarse antes de que finalice el año en curso. La encomienda se hizo con el apoyo de todos los grupos con representación en el Consejo, salvo del PP, que se abstuvo. Por las mismas fechas, se encargaba a Emvsa un estudio del parque de alquiler, que está pendiente de presentación.
El próximo lunes, en uno de los últimos consejos antes de las elecciones, se informará del reglamento, aunque no se someterá a votación. El objetivo del plan es atender las necesidades de vivienda con mayores dificultades económicas y que cumplan los requisitos detallados en esta normativa. El Consejo de Administración de Emvsa será el órgano responsable de la gestión del banco pero las decisiones, tanto de incorporación de viviendas como de su adjudicación, pasarán por una Comisión Permanente de Adjudicación y Gestión, formada por un representante del área de Xustiza Social, otro de Rexeneración Urbana y un tercero de la empresa municipal de vivienda.
Emvsa garantizará a los cedentes el cobro de alquiler, la reparación de los daños causados por el uso de la vivienda y el depósito en el Instituto Galego de Vivenda e Solo. No asumirá ni IBI ni gastos de la comunidad. Será la comisión la que decida lo que pague cada familia, en función de su situación, aunque la renta "no podrá exceder el 20% de los recursos económicos de los que disponga la unidad de convivencia", porcentaje que puede bajar al 15% en el caso de que el único ingreso "sea la precepción de la Risga, la Renta Social Municipal o una prestación de cuantía similar, o los ingresos no alcancen el límite del Iprem". La diferencia la abonará Emvsa. Los suministros tendrán que ser abonados por el alquilado.
Criterios de adjudicación
El documento establece los criterios de valoración de las solicitudes de los beneficiarios. Se otorga un punto por cada año de empadronamiento, y de 10 a 20 según la renta en función del Iprem, 5 puntos por cada hijo menor, 5 puntos por cada persona mayor y 10 si se trata de una familia monoparentales. Se conceden además puntuaciones adicionales en el caso de que la persona pertenezca a colectivos especialmente sensibles: menores de 35 años (10 puntos), mayores de 65 años (10), personas dependientes o con discapacidad (12), víctimas de violencia de género (15), residencia en un asentamiento precario (20 más 5 adicionales en el caso de ser una zona de actuación prioritaria), personas sin hogar (20). Las personas pueden renunciar dos veces por motivos justificados pero, con la tercera renuncia, el posible adjudicatario saldrá de la lista y esperará a una nueva convocatoria.
