El concurso para el contrato de la limpieza viaria, convocado por el Concello, paralizó ayer su recepción de ofertas después de la reunión mantenida ayer por Medio Ambiente y por los representantes del Sindicato de Traballadores de Limpeza (STL), que se quejaban de que los pliegos contenían errores, como que se calculaban los salarios en base a 2018 y no a los actuales, un 3% superiores. Esta suspensión no implica, según explican fuentes municipales, que el concurso tenga que empezar desde cero, sino que se toma un tiempo para subsanar los errores, antes de retomar el proceso.

La concejal de Medio Ambiente, María García, explicó ayer, tras la reunión con STL, que la nueva cantidad de licitación tendrá que ser aprobada en Junta de Gobierno Local y que, después, se ampliará el plazo de recepción de ofertas. El Concello también le solicitará a la actual empresa adjudicataria, Cespa, que actualice el cuadro de personal para que la compañía que se haga cargo del contrato tras el concurso pueda subrogar a todos los trabajadores, así como que subsane otros posibles errores señalados por los trabajadores.

El Concello adopta esta decisión después de que el STL, que es mayoritario en el sector, presentase ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia, un recurso para impugnar las bases del concurso. El STL apuntaba en este escrito que el pliego no reflejaba los costes reales de la plantilla, de modo que las empresas que se presentasen no contaban con los datos reales de los gastos del servicio. Desde el STL afean también al PSOE que no hubiese dado su visto bueno a los presupuestos de 2019, que forzó a la paralización del procedimiento hasta que entró en vigor la prórroga de 2018. El contrato salió a concurso en el último trimestre del año pasado, es por ello por lo que el peso salarial se calculó en base a las nóminas de ese ejercicio, como el proceso se retomó en 2019, las bases deben contar ahora con una cifra actualizada. STL estimaba que la diferencia entre un año y otro era de unos 300.000 euros.

"El Gobierno opta por aplicar estos cambios en las bases, a pesar de que el cumplimiento de la actualización de los salarios, algo que nadie discute, ya estaba reflejado por otras vías en los pliegos porque ofrece una solución más rápida que la resolución del recurso", explicó ayer García.