La reversión de la fábrica de armas da un paso adelante. Funcionarios de la delegación de Defensa y representantes de Hércules de Armamento, a quien el Ministerio ha revocado la concesión por impago del canon, han formado una grupo de trabajo para analizar y verificar el estado actual de las instalaciones antes de que estas vuelvan a estar en manos del Ministerio de Defensa. Los miembros de este grupo se encargan de hacer inventario y evaluar el estado de la factoría.

El Gobierno central inició en agosto del año pasado los trámites para recuperar la fábrica de armas, después de que la adjudicataria no abonase una parte del canon anual que debe pagar a Defensa, que asciende a 250.000 euros. La empresa solo pagó la primera anualidad del canon por el uso de las instalaciones para formalizar la adjudicación tras ganar el concurso público en 2014. El segundo, el tercero y una parte del pago del cuarto ejercicio los cobró el Estado a partir de la ejecución de los avales que garantizaban el contrato, que eran de 400.000 euros.

El fondo se agotó y esto llevó a Defensa a solicitar el fin de la concesión de Pedralonga a Hércules de Armamento. Ahora, con el análisis de las instalaciones, la reversión está más cerca. Una decisión que está avalada por el Consejo de Estado, que emitió un informe favorable que daba luz verde al fin de la concesión. Además, el pasado febrero, el Consejo de Estado reiteró este acuerdo al rechazar las alegaciones de la adjudicataria, que pedía fraccionar o aplazar su deuda. Un dictamen que permite asegurar que el proceso electoral o el cambio de Gobierno no van a paralizar la recuperación de la fábrica de armas por parte de Defensa.

El impago del canon no ha sido la única razón que ha motivado este desenlace. Desde que se hizo cargo de las instalaciones, Hércules de Armamento sumó incumplimientos como carecer de empresa de seguridad, lo que derivó en que Defensa, a finales del 2015, prohibiese a la firma fabricar armas en la factoría, ya que no cumplía con los requisitos necesarios para hacerlo. La empresa también adeudaba varias mensualidades a sus trabajadores y, en abril del año pasado, la fábrica se quedó sin suministro de luz y agua por impago de las facturas.

Ante el dictamen del Consejo de Estado que avala el fin de la concesión de Pedralonga, Hércules de Armamento sugirió una liquidación de derechos a su favor. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha declarado en reiteradas ocasiones que, en caso de extinción de la concesión por incumplimiento imputable al concesionario, la Administración adquiere las instalaciones gratuitamente y libres de carga, sin abonar indemnización alguna. Lo que sí queda acreditado es una deuda de casi 165.000 euros correspondientes a la cuarta anualidad del canon que debía haber pagado la adjudicataria.

Con la inminente reversión se abre un nuevo capítulo de la fábrica de armas. ¿A qué se dedicarán las instalaciones? A principios de año, el Ministerio de Defensa reveló que tenía la intención de crear un contrato puente a la Universidade da Coruña para ceder el uso de la fábrica de armas, donde se desarrollaría un parque tecnológico. El secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, anunció que el departamento estatal estudia cómo decretar una concesión demanial a la institución educativa como contrato puente mientras se constituye el consorcio o la figura que gestionaría la Ciudad de las TIC. En Pedralonga habrá sitio para toras iniciativas, ya que el parque tecnológico no ocupará todo el espacio, según Olivares.

El diseño del plan director de la Ciudad de las TIC y el proyecto jurídico se resolverá este año, según explico el rector de la Universidad, Julio Abalde, quien señaló que la "puesta en marcha" del centro tecnológico será en 2020. Los plazos están ahora condicionados por las decisiones tomadas por Defensa, que junto a representantes de Hércules de Armamento se encuentra en plena evaluación de las instalaciones de la factoría.