"Los expertos apuntan que los casos de racismo que se denuncian llegan, como máximo, al 20%". Desde SOS Racismo advierten de que, aunque han recibido un total de 73 reclamaciones de situaciones discriminatorias en 2018 „diez más que en 2017„, son conscientes de que esta cifra es mucho más elevada en la ciudad. "Los afectados tienen interiorizado como un comportamiento normal porque creen que tienen menos derechos", remarca la coordinadora de proyectos de la entidad, Zorahaida Casales, que reprocha que se trata de un "racismo estructural" porque proviene, mayoritariamente, de las propias administraciones públicas. Más del 50% de los casos que llegaron a su Oficina de Información y Denuncia en materia de Racismo y Xenofobia el año pasado se vivieron en centros sanitarios y en Extranjería.

Son los mediadores de SOS Racismo los que, en la mayor parte de casos, los detectan. Y, en otros muchos, solventan el problema administrativo, aunque no logran, por desgracia, que la persona causante del desagravio pueda cambiar su manera de pensar a través del color de la piel, el velo o el idioma. "Cuando vamos nosotros, reculan", lamenta la portavoz de la entidad. Entre los ejemplos del ámbito sanitario cita un médico que se negó hasta en tres ocasiones a realizar un informe médico que precisaba un trabajador para un curso organizado por la administración pública o una doctora que amenazó con llamar a la policía y retirarle la custodia a una mujer si no le quitaba a su bebé un brazalete que portaba como amuleto.

¿Aislado?

En muchos casos, explican desde la entidad, la aparición de uno de sus trabajadores calma los ánimos, pero pone en duda la actitud general de la Administración con personas de otras razas, culturas o condiciones. "Tenemos mucho debate a veces sobre si se trata de un acto individual, de un funcionario, pero cuando no es una situación aislada, es racismo", confirma Casales, que expone que uno de los problemas más repetidos en Extranjería es la negativa a recoger escritos „que, dice, no es legal„ o la petición de documentos que no existen en sus países de origen, como el libro de familia. No es un problema "comunicativo" como alegan a veces las instituciones, apostilla la coordinadora de la entidad, ni tampoco tiene origen cultural porque, especifica, les ha sucedido a latinoamericanos „con lengua materna española„ y con estudios superiores.

Desde SOS Racismo son conscientes de que la burocracia es "complicada" para cualquier ciudadano, a causa del desconocimiento y la falta de costumbre con el lenguaje administrativo, pero insiste en que los casos que registran y viven habitualmente suponen poner "trabas de manera continua" a estas personas por su origen o raza.

Del estudio se desprende que el 56% de los afectados el año pasado eran hombres, el 90% mayores de edad y su procedencia era de América del Sur, en un 37%, o de África Subsahariana, en un 34%, del Magreb, un 17% y de España, un 8%. Los lugares de origen coinciden, en las dos primeras posiciones, con los de mayor inmigración en la ciudad desde hace años y el sexo tiene que ver, según la organización, con que son ellos los que suelen reagrupar a las familias. También hay otro factor de discriminación negativa con respecto a los hombres en su relación con la Policía: "Es más fácil que paren a un hombre para identificarlo por su perfil étnico". Sobre la situación administrativa de los agredidos, el 73% se encontraban de manera irregular en la ciudad y el 15%, regular.

Vivienda

En cuanto a los ámbitos, el sanitario es el que más denuncias de este tipo recoge y, subraya Casales, no está relacionado con el derecho a la propia atención, que entre 2012 y 2018 estuvo negada a migrantes en situación irregular. "Estas personas tenían todo el derecho y hay niños implicados, que están al margen de aquella norma", especifica. Además de la oficina de Extranjería, que ocupa el segundo puesto, la vivienda supone graves problemas de discriminación en A Coruña, según los datos de SOS Racismo. "Es algo que forma parte de la vida cotidiana y que afecta de manera bestial", expone la coordinadora de la oficina, que pone un ejemplo tipo de lo que suelen, incluso, presenciar. Tras solicitar información y garantías de pago, cuando conocen a la persona interesada, la inmobiliaria comenta que el piso ya está ocupado. A los dos días, relata Casales, la vivienda sigue anunciada como disponible en la misma empresa. "Se escudan en que se trata de una decisión del cliente, del propietario, pero es que es un delito. No saben que no es legal", lamenta.

Del total de casos registrados el año pasado, muy pocos se refirieron a violencia física. La responsable de la oficina recuerda con preocupación uno, de un joven de origen magrebí que fue agredido en la calle Real: le partieron la nariz al grito de "moro de mierda". SOS Racismo pidió ayuda hasta en redes sociales para identificar al agresor, pero no hubo pistas y no se pudo seguir con la denuncia policial.

Política

La portavoz de la entidad se muestra muy inquieta por la situación política que se vive en España y que se plasma también en A Coruña. "Hasta hace un año y medio existían discursos racistas en la mente de muchas personas, pero no se decían porque eran políticamente incorrectos, pero ahora están visibilizados", reprocha Casales, que culpa a los partidos de extrema derecha o fascistas. Hace un llamamiento a la "responsabilidad" porque, afirma, la escalada de violencia puede llegar a ser "grave".

"Al reforzar discursos racistas, se dan herramientas para la xenofobia", recrimina la portavoz, que apela al freno del "discurso racista" para que, en todas las capas de la sociedad "no se repita el comportamiento". Mientras no pare el crecimiento o, por lo menos, se mantengan estas actitudes en la ciudad, la oficina de información y denuncias de SOS Racismo, en el número 34 de la calle Alcalde Lens, en la web de la entidad, en el teléfono o en sus redes sociales seguirá disponible.