Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria defienden la exclusiva competencia de los responsables portuarios coruñeses a la hora de decidir cuáles bienes deben protegerse y cuáles no dentro de su perímetro. Lo hacen para oponerse a la catalogación de la lonja del Gran Sol, que tramita el Ayuntamiento y defienden los arquitectos coruñeses. Argumentan que es el plan especial del Puerto, que no depende del Concello, la herramienta para regularlo. En 2013, el plan general incorporó al catálogo tres bienes arqueológicos protegidos que no estaban en el plan especial de 2000 en vigor, sin oposición por parte de la Autoridad Portuaria ni del Ministerio de Fomento.

Los tres elementos protegidos son yacimientos arqueológicos que, en realidad, fueron tragados por el crecimiento portuario pero cuya existencia, al estar en el PGOM, tiene que ser tenida en cuenta en lo que se haga en el lugar. No figura en el listado de alegaciones la Autoridad Portuaria, ni consta oposición pública por parte de Puertos a la protección impuesta desde María Pita dentro del ámbito del plan especial.

Los bienes son el cementerio judío de A Palloza, el castillo-batería de San Diego y un yacimiento romano del muelle del Centenario. En cuanto a este último, los redactores del plan general explican que, "desde el punto de vista de la aparición de restos arqueológicos submarinos de la época romana, en la bahía coruñesa hay dos zonas de concentración". Una es el frente del Parrote y otra está cerca de San Diego, "alrededor de los muelles Centenario y petrolero".

El plan general destaca que las circunstancias de aparición son diferentes en los dos casos. En el del yacimiento del Centenario, la mayor parte de materiales arqueológicos recuperados proceden de dragados "que, desgraciadamente, arrasaron con la estratigrafía previa a la construcción de los muelles". "Sin embargo, las áreas rellenadas y ganadas al mar para la construcción de las instalaciones portuarias, siguen intactas bajo esos rellenos", señala el documento urbanístico en vigor.

El plan general también pone el foco en el cementerio judío, en una zona en la que, en el último tercio del siglo XIX, fueron encontradas tres lápidas que hoy están depositadas en el Museo Arqueológico Nacional, una de ellas expuesta, y en la que estaban localizados el arroyo y la isla "dos Xudeus". Además, en el año 1978, aparecieron numerosos esqueletos humanos en las obras de explanación llevadas a cabo en las instalaciones portuarias de A Palloza, "coincidente con la zona donde habrían sido descubiertas las tres lápidas mencionadas". Finalmente, en el mismo entorno, el plan general señala el castillo-batería de San Diego, una construcción derruida en 1963 a pesar de que había sido declarada Monumento Nacional en 1949. Aparte de estos tres yacimientos eliminados por el desarrollo de ciudad y puerto, el catálogo del PGOM no incluye ningún edificio.

Conflicto de Puerto y Concello

La Autoridad Portuaria y Fomento sostienen que el Concello no tiene potestad para proteger ningún edificio dentro del ámbito del plan especial del Puerto. Ni la lonja del Gran Sol ni ningún otro. Aunque la Autoridad Portuaria admite que tiene "valor", defiende que es su competencia y que proteger el inmueble afectaría a la actividad que ahora tiene. Según el informe de Puertos del Estado al cambio de catálogo del Concello, la instalación está en una "zona de servicio portuaria" y, añade, "actualmente está en uso".

Puertos indica al Ayuntamiento en el documento que el planeamiento municipal no puede "incluir determinaciones que supongan una interferencia o perturbación en el ejercicio de las competencias de explotación portuaria", citando la Ley de Puertos. El Concello, sin embargo, proseguirá con sus planes pero si finalmente es el Puerto el que tiene razón, la lonja quedaría, tal y como está ahora, desprotegida ante la futura transformación portuaria.

El plan especial, sin embargo, cataloga la cubierta triangular de la lonja de camiones, próxima y también en uso, así como lo silos de Cementos del Cantábrico, el mareógrafo de mitad del siglo pasado y toda la verja portuaria. En el listado también están Aduanas, la Comandancia y la Delegación del Gobierno. Salvo para los edificios BIC o del conjunto declarado monumento histórico-artístico, dependientes de Patrimonio, el plan deja en manos de la Autoridad Portuaria las decisiones que en ellos se tomen. Es decir, son los responsables del ente los que autorizarán cualquier reforma. En ellos no se pueden realizar obras de aumento o cambio del "aspecto físico" del inmueble y si se declaran en ruinas, no se pueden demoler.

En los planes de Joan Busquets expresados en el plan general, el arquitecto prevé la demolición de las dos primeras, así como de la comisaría para extender la zona ajardinada de Méndez Núñez hasta el mar. Sin embargo, lo que figura en la memoria del plan general respecto del catálogo no concuerda con el catálogo propiamente dicho. En caso de contradicción, prevalece el catálogo.

En la ficha del PGOM para la transformación de los muelles de Batería y Calvo Sotelo, los más próximos al centro, la demolición de edificios catalogados dentro del ámbito del plan especial del Puerto queda condicionada a los que los muelles queden desafectados y que el desarrollo del ordenamiento en la zona a través de un plan especial así lo establezca.