Técnicos municipales y de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) visitaron hace escasos días la antigua cárcel. Los funcionarios del Estado actuaron en representación de la propiedad del inmueble y los locales se limitaron a inspeccionarlo para en las próximas semanas emitir un informe que recoja todas las deficiencias que sufre para que el Ministerio del Interior las subsane. Y es que, mientras siga en los juzgados el conflicto por la titularidad de la que fuera prisión provincial y las carencias de seguridad, el Concello se niega a gestionar el edificio.
La Concejalía de Rexeneración Urbana mantiene abierto un expediente de deficiencias de la antigua cárcel y la de hace unos días fue una revisión para actualizar el estado de conservación de la misma, que provocó su clausura a finales del año pasado, tras un breve período de uso iniciado en el mes de agosto.
Primero fue la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta la que se negó a autorizar los usos socioculturales en el edificio, que acaba de comenzar a desarrollar Proxecto Cárcere, a raíz de la consulta que efectuó el Gobierno local sobre la pasarela instalada por la entidad para facilitar su accesibilidad, que también rechazó. Después, la propia asociación decidió abandonar el inmueble en diciembre por la negativa municipal a autorizar el programa de iniciativas que había elaborado para ese mes.
Ya por último, en enero de este mismo año, el propio Concello descartó prorrogar el acuerdo para gestionar el edificio "dado el deficiente estado del edificio, mucho más deteriorado de lo que preveíamos por la falta de atención de las últimas décadas". Y es que a principios de este año se debía prorrogar el acuerdo firmado en enero de 2017 para que el Concello usara la prisión durante dos ejercicios. Si seguía sin existir una resolución judicial sobre su propiedad definitiva, el Gobierno local podría seguir utilizándola un año más. Pero decidió que no. Aseguraba, a través del concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, que no resultaba "viable" alargar el convenio porque, con las condiciones firmadas, no se podía,"abordar de manera satisfactoria las necesidades del edificio para, cuando menos, paliar su deterioro".
Ambas administraciones se habían comprometido a invertir 150.000 euros en adecentar el edificio frente a la Torre de Hércules para su primera ocupación en años, pero, tras la adjudicación de las obras por parte del Concello, los obreros descubrieron que los años eran más graves de lo esperado por lo que se retrasó su apertura y se limitó a unas pocas estancias, dejando la mayor parte en estado de deterioro que impidió su apertura al público.
Recuperación
Desde el Ayuntamiento, afirman, ya transmitieron al Ministerio de Interior su disponibilidad para "alcanzar fórmulas de colaboración que permitan la recuperación y puesta en valor" de la antigua cárcel pero, pese a que el propio responsable de Rexeneración Urbana desveló hace poca semanas que llevaba meses negociando con el Gobierno central, el acuerdo no llega y el edificio sigue languideciendo, sin uso y sin mejoras en su estado.
