24 de abril de 2019
24.04.2019

El interventor rechaza cambiar las cuentas por las indemnizaciones del castro de Elviña

El funcionario avala que el Concello espere a que las compensaciones por las expropiaciones en el yacimiento arqueológico estén "debidamente cuantificadas"

23.04.2019 | 23:07

El interventor municipal rechaza el cambio en el presupuesto municipal que exigían los afectados por las expropiaciones en Castro de Elviña para incluir los 14,5 millones de euros que el Tribunal Supremo ha ratificado que deben percibir por la cuantificación errónea realizada por la administración local entre los años 2001 y 2005. De esta manera, el Ayuntamiento descarta la alegación presentada por tres representantes de los perjudicados, que suman alrededor de un centenar, para que la modificación de las cuentas públicas que impulsa el Gobierno local, aprobada inicialmente en marzo, incluya esta partida económica.

El interventor municipal expone en su informe que las cantidades exigibles en este tipo de procedimiento administrativo, tal como especifica la normativa, "han de estar debidamente cuantificadas". Según el funcionario, para estimar la reclamación de estos afectados sería "totalmente necesario" que la cuantía de la indemnización estuviera ya fijada y que existiera una "posterior liquidación". Además, añade que la firmeza de la sentencia se conoció el 20 de marzo, más de diez días después de que aprobara, de manera inicial en pleno, el cambio en el presupuesto municipal, prorrogado de 2018.

El interventor da un toque de atención a la Concejalía de Rexeneración Urbana, que había reconocido que estudiaba "expediente por expediente" para proceder a su compensación. El funcionario recuerda "la obligación de proceder a efectuar este trámite [liquidación] con la mayor diligencia posible tanto desde el punto de vista de los expropiados como del propio Ayuntamiento", para evitar la acumulación del pago de intereses.

El departamento municipal explica en un informe cómo está procediendo tras el fallo judicial. Primero, los técnicos realizan el estudio del "interesado", ya que, dicen desde Rexeneración Urbana, podrían existir "herederos". Después, proceden al requerimiento de documentación a los afectados, tanto de la propiedad como de los certificados bancarios y , por último, efectúan el cálculo a abonar "en función de la superficie de cada parcela, descontando los pagos ya realizados". Además, añade, se realiza la contabilización de los "respectivos intereses" por la demora en el pago de las expropiaciones.

Un abogado de los afectados reprochaba al Gobierno local que el proceso se llevase en un "expediente único", por lo que pedía que se procediera así en el pago. El Supremo no admitió el recurso del Concello por lo que hizo firme la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que reconocía el derecho a los vecinos a los que se expropió alrededor del castro de Elviña a percibir 50 euros por metro cuadrado y no los doce que había abonado el Ayuntamiento.

El interventor también plantea, por no estar amparada por la legislación, rechazar la alegación del BNG, que proponía retirar un millón de euros de publicidad o estudios técnicos para invertirlo en el centro García Sabell, los comedores escolares y el arreglo del polideportivo de Cocheras.

La comisión de Hacienda evaluará la propuesta del Gobierno local de rechazar las alegaciones antes de su votación en el pleno, para la entrada en vigor del cambio presupuestario, de 14 millones de euros. Esta cantidad incluye, entre otras partidas, los convenios con asociaciones y los 2,9 millones de indemnización judicial al demandante del edificio Fenosa. En la votación inicial, Marea sacó adelante la modificación contable con el apoyo del PSOE. PP y BNG se abstuvieron.

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