El proceso de municipalización de las bibliotecas municipales a través de Emvsa que el Ejecutivo local aprobó ayer se tropieza con las reservas de los grupos de la oposición y no tiene aún garantizada su implantación. PP, PSOE y BNG dejan en suspenso la aplicación del nuevo sistema de gestión al no asegurar que vayan a apoyar la modificación de los estatutos del consejo de administración de Emvsa, uno de los requisitos que señala el interventor municipal que se deben producir para que no se consideren ilegales los gastos que se generen durante la gestión.

Esta circunstancia la señala Intervención como reparo de legalidad no suspensivo. Su informe considera también que la Empresa Municipal de Vivienda, Servicios y Actividades (Emvsa) debe cambiar su reglamento para acreditar, en virtud de la ley estatal de racionalización del gasto público, que dispone de medios personales y materiales para cumplir con el encargo en los servicios bibliotecarios del Centro Ágora, el Fórum, Sagrada Familia, Os Rosales y la biblioteca Infantil y Juvenil de Durán Loriga.

Los grupos municipales del PP y el PSOE dudan sobre la legalidad del proceso y aludieron ayer a los informes del interventor y del secretario del Ayuntamiento para condicionar su respaldo a la municipalización de las bibliotecas. El BNG no rechaza el procedimiento, aunque advierte de que estudiará toda la documentación para conocer las implicaciones legales.

La Asesoría Jurídica advirtió que la subrogación de los trabajadores de la empresa adjudicataria actual que plantea el Concello deberá completarse con la convocatoria de unas pruebas selectivas que no estarán reservadas exclusivamente para el personal subrogado, al no tener este la consideración de empleado público. Este paso permitirá "disipar cualquier duda referida a la condición" de la plantilla, señala el informe de los letrados municipales.

La adaptación de los estatutos de Emvsa deberá ser llevada a cabo con la aprobación de su consejo de administración, para que a continuación se aplique el acuerdo de la junta de gobierno de ayer. El BNG cuestiona que la empresa municipal de vivienda se encargue de una actividad de otro ámbito, aunque avanza que no rechazará la municipalización y, de momento, se abstendrá en la reunión del consejo. El Partido Popular no apoyaría la municipalización al contar el proceso con informes desfavorable y el PSOE, cauteloso, supedita su postura a que el secretario y el interventor municipales den el visto bueno al procedimiento.

"Nadie va a votar a favor de algo que cuenta con un reparo del interventor. El proceso debe hacerse bien y de forma tranquila, con el escrupuloso cumplimiento de la legalidad", apunta la portavoz socialista. Yoya Neira. "A través de Emvsa y sin informes favorable no lo vamos a apoyar", adelanta Rosa Gallego, portavoz del PP. La nacionalista Avia Veira critica "todos los fallos del proceso, que obedecen a las urgencias electorales de Marea".

El alcalde, Xulio Ferreiro, matizó ayer que el reparo del interventor "no es suspensivo", sino que es una "advertencia" que ha de tenerse en cuenta. "Hay otros informes, como el de la asesoría, que disipan dudas con una opinión diferente. Hay que ser valientes y no escudarse en informes que podrían servir de excusa para no seguir adelante con decisiones valiente como esta, que permitirá mejorar el servicio y garantizar la continuidad de los trabajadores", comentó.

El voto de Ferreiro en calidad de presidente del consejo de administración de Emvsa sería el que resolvería un empate en la votación sobre los estatutos, si se dieran las abstenciones del PSOE y el BNG y el rechazo del PP, apuntan fuentes municipales.

El comité de empresa que representa a los trabajadores de la biblioteca, con tres miembros de la CIG y dos de UGT, no quiso valorar ayer la decisión tomada por el Gobierno local.