La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural autorizó el pasado martes el plan de obras propuesto por el Concello para continuar con los trabajos de saneamiento de las naves de la Comandancia tras aparecer restos de una muralla que es posible que date del siglo XVIII. La Xunta aceptaba "con condiciones" el informe municipal y obligaba a que las estructuras defensivas de la ciudad fueran "cubiertas y protegidas adecuadamente" y, consecuentemente, no estar "afectadas" por los trabajos de canalización.

El planteamiento aprobado era alejar un metro y medio la conducción de suministro de los vestigios, definir, mediante metodología arqueológica, "el trazado del sistema defensivo existente" y tener un control arqueológico de los trabajos en todo momento. Justo al día siguiente de recibir el visto bueno de la Xunta a este plan, los técnicos municipales acometieron una cata en otra zona distinta a la autorizada para observar otra opción de itinerario de las tuberías. Según fuentes municipales, esta prueba se realizó "bajo la supervisión" del arqueólogo municipal así como del autorizado por la Xunta. Cuando se observó la imposibilidad de esta alternativa, se paralizaron estas obras, aunque desde el Concello reconocen que habían enviado documentación a Patrimonio para agilizar la aprobación de esta versión del plan de obras si resultaba ser viable.

La versión del Gobierno gallego es distinta. Según Patrimonio, esta presentación de un cambio del plan de obras obliga a "estudiarla y resolverla" y, aunque garantiza que se hará "lo más pronto posible", añade que el arqueólogo autonómico se trasladó in situ al lugar para ordenar la paralización de las obras hasta que no haya un informe final.

Tanto el Ministerio de Fomento, que financia las obras con un millón de euros, como el Concello aseguraron, cuando se encontraron los restos, que la paralización de las obras en el lugar „al fondo de las tres naves que se están reformando„ no afectaría al plazo de finalización de obras, marcado para finales de año. El arqueólogo municipal destacó, en el informe remitido a Patrimonio sobre los vestigios, "el interés arqueológico y la relevancia patrimonial del sistema defensivo localizado". El funcionario también apuntaba a que la obra que se pretendía ejecutar era "reversible" y "adaptable" a la posterior puesta en valor de la muralla.