El Ayuntamiento tramita un contrato para implantar medidas que rebajen los niveles de radón registrados en Casa Paredes. El Gobierno local detalla, en una respuesta escrita a una pregunta del PP, que los niveles detectados en el una zona de la segunda planta del inmueble y en los baños superaban los niveles máximos fijados en la normativa española y que en varios puntos del edificio rebasaban el tope admitido por la directriz europea. El Concello aguarda ahora el correspondiente informe de Urbanismo para después solicitar la autorización previa del servicio de Patrimonio, necesaria dado que se trata de un inmueble catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). Una vez tenga estas autorizaciones, procederá a licitar el contrato.

Tras conocer los resultados de los análisis sobre la concentración de gas radón realizados en Casa Paredes, el Ayuntamiento contrató una asistencia técnica para estudiar las medidas que deben adoptarse en el edificio con el objetivo de reducir los niveles detectados, estudio supervisado por el servicio de Edificación del Concello, apunta el Ejecutivo local en la respuesta escrita. Los espacios que presentaban una presencia del gas superior a la permitida por la normativa española eran la zona de la segunda planta dedicada a programas y los baños. El resto del inmueble arrojaba valores por debajo del límite estatal. Sin embargo, en atención a la directiva europea, que fija un máximo de 300 bequerelios por metro cúbico, "la mayor parte de los valores obtenidos se encuentran ligeramente por encima", por lo que el Concello decidió tomar medidas.

Los análisis y la tramitación de un contrato para bajar los niveles en Casa Paredes se enmarcan dentro de una iniciativa municipal que estudió la presencia de este gas en varios edificios municipales. En la propia Torre de Hércules se registraron concentraciones elevadas, por lo que se encargaron estudios y los trabajadores demandaron medidas.

La última modificación del presupuesto municipal, aprobada la semana pasada, incluía una partida de cerca de 50.000 euros para la puesta en marcha de medidas contra el radón en los edificios municipales.