Aunque el acuerdo de mediación ha evitado un agujero para las arcas municipales de unos sesenta millones de euros, la resolución por la licencia ilegal del edificio Fenosa, otorgada en 1997 por el Gobierno vazquista, sí supondrá una carga económica para los fondos del Concello, la de la indemnización al demandante, de 2,9 millones, y a los propietarios de cada inmueble afectado. El Concello señala que, una vez realizado el pago, que se está tramitando, comenzará a investigar. El Tribunal de Cuentas ya está al tanto del asunto. Un particular le remitió documentación sobre los hechos y, a pesar de que archiva el asunto porque no se persona, sí informa al Concello que tiene la información entre manos y que, si lo considera oportuno y así se lo hace saber, nombrará un delegado instructor para investigar el asunto.

En una resolución firmada el pasado 6 de mayo, el Tribunal de Cuentas acuerda "Remitir testimonio de la denuncia y de la documentación obrante en las actuaciones, a la entidad presuntamente perjudicada „Ayuntamiento de A Coruña„ por si considerase oportuna la tramitación de Diligencias Preliminares, en las que se acuerde, en su caso, el nombramiento de Delegado Instructor para que practique las actuaciones previstas en el artículo 47 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas".

Dicha legislación establece los pasos que daría el tribunal a partir del nombramiento de instructor, comenzando por pedir las diligencias preventivas de alcance que se hayan iniciado en el Concello, la investigación del hecho "y de los presuntos responsables o sus causahabientes", informar a los tribunales ordinarios "si hubiese indicios de responsabilidad criminal", la liquidación personal del alcance "con mención expresa de la clase de caudales públicos que pudieran haber sufrido menoscabo", requerimiento a los presuntos responsables para que depositen "o afiancen el importe provisional del alcance" y los intereses "bajo el apercibimiento de embargo".

El Tribunal de Cuentas incoó el procedimiento el pasado febrero tras recibir el escrito del exconcejal socialista José Antonio Sánchez Penas, en el que denunciaba "presuntas irregularidades en la gestión urbanística relativas a la licencia otorgada para la rehabilitación de un inmueble destinado a viviendas y locales comerciales". La denuncia se inadmite, al no haberse personado el particular, pero decide remitirse la información al Concello. Previamente, también se había enviado la documentación a la Fiscalía que afirma que de ella, por sí sola, no se pueden deducir hechos que pudieran determinar responsabilidad contable. El Fiscal y el Concello tienen quince días para recurrir la resolución si así lo consideran.

Investigación municipal

El Concello informa de que en este momento se ha procedido a tramitar el pago de la indemnización.Ya se puede hacer porque la semana pasada se aprobó de manera definitiva el cambio de presupuesto pactado con el PSOE, que incluye la cuantía necesaria para afrontar el abono de lo acordado en el acuerdo de mediación.

Por otro lado, fuentes municipales indican que ya hay un instructor municipal nombrado para investigar los hechos, tal y como se hizo con el caso de Someso en el mandato pasado. "Una vez que esté listo el pago", explican, "procederemos a la investigación para dilucidar las responsabilidades".

La búsqueda de responsabilidades es uno de los acuerdos a los que se llegó en el acuerdo de mediación, que validó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en el que también se pactó, entre otras cuestiones, aprobar un código de buenas prácticas urbanísticas y exponer en la web municipal toda la documentación del caso, que ya se puede consultar.