El Tribunal de Cuentas acaba de abrir un proceso para enjuiciar presuntas irregularidades contables en materia de contratación cometidas por la Autoridad Portuaria en la gestión y ejecución de obras en el puerto exterior, tras analizar los ejercicios contables de 2012, 2013 y 2014. Se trata de un procedimiento de reintegro por alcance, según señala en un edicto publicado ayer en el Boletín Oficial de la Provincia, por el cual el órgano fiscalizador escuchará al Puerto, juzgará y emitirá sentencia ante una posible deuda o falta de fondos sin justificar en las cuentas. El tribunal había comenzado a investigar los contratos y la gestión económica de los trabajos en la dársena de Langosteira en mayo de 2017, que desde enero de 2018 analiza también una instructora.
¿Qué investiga el Tribunal de Cuentas? El expediente, finalizado hace justo dos años, se centra en la fiscalización de la política de contratación del Puerto tras detectar presuntas anomalías que, según el órgano, "vulneran los principios de igualdad de trato y transparencia" en algún caso o que, en otros, derivan de procedimientos de adjudicación y criterios de valoración "no acordes con las directivas comunitarias" que provocaron descertificaciones de gastos ante la Unión Europea. El tribunal analizó además la planificación de las actuaciones en el puerto exterior y "desviaciones de costes y tiempo de ejecución" respecto a las previsiones, y señaló sobrecostes del 27%. Sus pesquisas se focalizan a los ejercicios 2012 a 2014, aunque se extienden a operaciones anteriores y posteriores.
¿En qué fase está la investigación? Desde que el expediente pasó a una delegada instructora en 2018, se han llevado a cabo actuaciones previas mediante la reunión de pruebas para evaluar el importe de posibles daños y la identidad de los responsables. Este paso se produjo porque los hechos analizados tenían la consideración de "alcance", y puedan ser constitutivos de "malversación de caudales o efectos públicos". Ahora, tras la publicación del edicto, es cuando empieza el procedimiento jurisdiccional de primera instancia con audiencia previa, juicio oral y sentencia, que se puede recurrir ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas.
¿Qué alega la Autoridad Portuaria? La entidad alegó contra el informe de Cuentas de 2017, al rebajar los sobrecostes al 8,7% y atribuir a los anteriores responsables del Puerto la previsión de una "inversión suficiente" para hacer operativas las instalaciones de Langosteira. Añadió que los contratos en los que puso el foco el tribunal no causaron la pérdida de fondos europeos. Consultada ayer por este diario, la Autoridad Portuaria se limitó a señalar que las irregularidades investigadas son por ahora "presuntas" y señala que, aunque el informe alude a los ejercicios 2012, 2013 y 2014, "se analizaron contratos firmados en los últimos 20 años, desde 1997". Añade que el procedimiento abierto por Cuentas afecta a contrataciones anteriores a la gestión del actual presidente, Enrique Losada, nombrado por la Xunta en 2009.
¿Qué consecuencias puede tener una resolución en contra de las actuaciones del Puerto? Fuentes del Tribunal de Cuentas apuntan que si la sentencia condena al Puerto, este tendría que abonar la "cantidad que haya determinado en la fianza" que presentó en las actuaciones previas, o, en su defecto, el embargo preventivo de bienes y derechos para asegurar que pueda hacer frente a su posible responsabilidad contable en caso de fallo negativo.
¿Está obligada la Autoridad Portuaria a entregar la información que investiga Cuentas? El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano independiente del Estado, obliga al ente portuario a entregar información relacionada con el expediente del Tribunal de Cuentas por la gestión económica del puerto exterior entre 2012 y 2014. Esta resolución se debe a la estimación de una reclamación del concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, a quien el Puerto negó el año pasado el acceso a esta información; fuentes municipales apuntan que el Puerto todavía no le ha remitido esos datos.
