El Gobierno estatal ha firmado la orden de desalojo que obliga a Hércules de Armamento a abandonar las instalaciones de la fábrica de armas, cuya concesión revocó el Ministerio de Defensa a comienzos de este año. La orden para dejar libre la planta industrial de Pedralonga fue dictada el mes pasado, después de que la Secretaría de Estado de Defensa rechazase un recurso de reposición de la concesionaria contra la resolución de su contrato. El dictamen del Ministerio se basó en un informe del Consejo de Estado del año pasado que avala el fin de la concesión por impagos y falta de ingresos.
El siguiente paso que se va a dar para definir el futuro de la fábrica ya está relacionado con el uso que se le pretende otorgar a las instalaciones, el de un parque tecnológico de innovación, proyecto promovido por la Universidade da Coruña y empresas locales y gallegas del sector. Defensa tiene listo ya un contrato por el que se otorgará una concesión demanial a la institución académica coruñesa como contrato puente mientras se constituye un consorcio que gestionará el nuevo espacio empresarial, que de momento tiene el nombre de Ciudad de las TIC.
La firma de este contrato permitirá a la Universidad y a las futuras empresas instalarse en parte de la superficie que abarcan los terrenos de Defensa en Pedralonga. En este mismo espacio ha pensado también la Xunta como ubicación del nuevo hospital de A Coruña, un gran proyecto anunciado por el presidente, Alberto Núñez Feijóo, el año pasado, que todavía analiza en un estudio técnico. Un aspecto que aún falta por resolver es el futuro de los antiguos trabajadores de la fábrica de armas vinculados a UGT, con los que la Universidad mantiene contactos desde hace meses para reubicarlos en nuevos proyectos que se vayan a instalar.
Según confirma la Delegación del Gobierno y fuentes próximas a Defensa, Hércules recibió a última hora del martes la orden de desalojo firmada por el Estado, aunque a mediados de abril tuvo que dejar entrar en la fábrica a funcionarios de la delegación de Defensa que, junto a representantes de la empresa, formaron un grupo de trabajo para hacer inventario de la maquinaria industrial y evaluar el estado de la planta.
Anuncio electoral
La primera en informar del dictamen del Gobierno socialista no fue la Universidad, la Delegación del Gobierno ni el Ministerio de Defensa, sino la candidata del PSOE, Inés Rey, en el ecuador de la campaña electoral y un día después de que Pedro Sánchez compartiese mesa con militantes de la ciudad. La aspirante a la Alcaldía decidió anunciar, a través de una nota de prensa, "la apuesta inminente del Gobierno de España por la Ciudad de las TIC". Para Rey, la decisión del Gobierno central, que se encuentra en funciones, es fruto del "contrato verbal" y del "compromiso" de Sánchez "con los coruñeses".
