El Tribunal de Cuentas hace tiempo que tiene la lupa sobre el desarrollo de la obra del puerto exterior, a la que achaca un 27% de sobrecoste sobre los precios iniciales sin que, denuncia, la Autoridad Portuaria coruñesa haya podido cumplir las previsiones de tráficos e ingresos que planificó para su construcción, entre ellos, la operación inmobiliaria en los mulles interiores. Ahora, abre juicio contable por pérdida de caudales públicos por posibles irregularidades en la política de contratación, al cuestionar un reguero de adjudicaciones desde 1997 hasta 2015.
¿Qué enjuicia el Tribunal de Cuentas? Es un juicio contable, para determinar si una gestión con "dolo, culpa o negligencia" graves en la política de contratación del puerto exterior ha causado pérdida de dinero a las arcas públicas. La investigación pone el foco en las adjudicaciones, en las que aprecia indicios de ilegalidad. Así lo entiende un instructor nombrado el pasado año, tras un primer informe que analizaba el desarrollo de las obras entre 2012 y 2014 pero que acabó yendo mucho más allá.
¿Cuál es el proceso que se seguirá ahora? El Tribunal de Cuentas informa de que se ha depositado una fianza para cubrir las posibles consecuencias económicas de la mala praxis de los responsables portuarios, si así quedase demostrado y sentenciado tras el juicio. El órgano no informa a quién le ha pedido la fianza y a cuánto asciende por no encontrarse el proceso en el momento indicado. De momento, se ha convocado a los interesados a personarse en el BOP.
¿Hay precedentes? En Gijón se sigue un procedimiento similar por el desarrollo del puerto del Musel, en el que se exige a dos exdirectivos hasta 137 millones de euros. Tras celebrarse una vista previa para determinar testigos, están pendientes de que se fije la fecha de juicio.
¿Quién gobernaba el Puerto cuando sucedieron los hechos que figuran en el informe? El presidente del Puerto lo elige la Xunta, por lo que estaban a la cabeza responsables designados por la Administración Fraga (como Guillermo Grandío), el bipartito PSOE-BNG (Macario Fernández-Alonso) y Núñez Feijóo (Enrique Losada).
¿Qué dice el Puerto? La entidad alegó contra el informe de Cuentas de 2017, al rebajar los sobrecostes al 8,7% y atribuir a los anteriores responsables del Puerto la previsión de una "inversión suficiente" para hacer operativas las instalaciones. El gobierno portuario alega que las irregularidades son por ahora "presuntas" y alega que, aunque el informe alude a los ejercicios 2012, 2013 y 2014, "se analizaron contratos firmados en los últimos 20 años, desde 1997". Añade que el procedimiento abierto por Cuentas afecta a contrataciones anteriores a la gestión del actual presidente.
¿Qué posibles irregularidades ha detectado Cuentas? Señala hasta siete grupos de anomalías, como que la adjudicación de determinados contratos por procedimientos contrarios a la normativa europa redujo el montante de gastos subvencionables por la UE, que tuvo que asumir el Puerto. El informe apreció también que un contrato fue adjudicado a una empresa después de que se ejecutase el encargo, una sociedad que tuvo un total de 13 encargos, siete a dedo. Señala ampliaciones de contratos sin justificación o 14 contratos por 466.000 euros a un catedrático de Aalborg o empresas asociadas, "muchos no fueron formalizados" y uno se pagó dos veces, dice el Tribunal de Cuentas.
