19 de mayo de 2019
19.05.2019
La Opinión de A Coruña

El Concello pagó en los últimos 4 años 11 millones en indemnizaciones urbanísticas

Casi tres de los 3,1 millones de euros abonados este año son por la reforma del edificio Fenosa. El resto del importe también se debe a casos de otros mandatos, como Someso y el Agra de San Amaro

18.05.2019 | 21:14
Una de las fachadas del edificio Fenosa, en la calle Fernando Macías.

El Ayuntamiento ha tenido que abonar durante este mandato casi 11 millones de euros en indemnizaciones urbanísticas ordenadas por sentencias judiciales, según responde el Gobierno local a una pregunta del PP. Someso, el Agra de San Amaro, la tercera ronda y el edificio Fenosa son los casos principales que obligaron al Concello a compensar las irregularidades de tipo urbanístico cometidas por Ejecutivos anteriores. En lo que va de año el gasto supera los tres millones, ya que 2,9 son para el denunciante de la obra ilegal autorizada por el Gobierno de Francisco Vázquez en 1997, cuyo litigio se resolvió en febrero con una mediación. Someso suma casi 23 millones en indemnizaciones y San Amaro, dos

Las irregularidades urbanísticas que arrastra la gestión municipal desde los Gobiernos de Francisco Vázquez han obligado a reservar partidas en los presupuestos para hacer frente a las sentencias judiciales que condenan a la administración local por malas prácticas. En el actual mandato, el Concello ha tenido que pagar casi 11 millones de euros por indemnizaciones urbanísticas dictadas por los tribunales, de acuerdo con los datos que facilita el Ejecutivo local en respuesta a una pregunta del PP.

Solo en lo que va de año 2019 las arcas municipales se han visto obligadas a abonar 3,1 millones de euros por este concepto. De esta cantidad, 2,9 millones corresponden a la compensación económica que la mediación intrajudicial que solventó en febrero el largo litigio por la reforma ilegal del edificio Fenosa, autorizada por el Gobierno vazquista en 1997, estableció para el denunciante de las irregularidades. El pleno municipal de este mes aprobó un cambio en el presupuesto prorrogado del año pasado por valor de 14 millones que incluye el pago de esta indemnización, aunque el Ayuntamiento podría llegar a pagar un millón de euros más a los propietarios del edificio, por daños y perjuicios, si aceptan su propuesta de renunciar a demandar y a exigir responsabilidades a la administración local.

En el ejercicio anterior, 2018, el Ejecutivo destinó casi 975.000 euros a indemnizaciones derivadas de sentencias urbanísticas; en 2017, casi 1,2 millones; en 2016, 3,4 millones; y en 2015, ejercicio compartido por el Gobierno local del PP y el de Marea, 2,2 millones de euros. La respuesta al grupo popular explica que los pagos suponen la ejecución de sentencias judiciales y corresponden a abonos por ocupaciones de suelo en las que los propietarios renuncian a las reservas de aprovechamiento aprobadas por los órganos municipales, al incremento de los justiprecios en las expropiaciones y a compensaciones por ocupaciones anticipadas de terreno. Faltan por consignar en estas cantidades los cerca de 14,5 millones de euros que la Justicia ha reconocido a los expropiados para la ejecución del castro de Elviña. El importe exacto y el pago están pendientes de concretar por el Concello.

Fuentes municipales apuntan que las indemnizaciones que ha tenido que asumir el Concello en estos cuatro años tienen su origen en convenios urbanísticos firmados por anteriores corporaciones. Aquellos acuerdos, explican, reconocían un aprovechamiento urbanístico lucrativo para los propietarios de suelo a cambio de la cesión de terrenos para la construcción del paseo marítimo o de la tercera ronda.

El proyecto urbanístico planteado en su momento entre la Torre de Hércules y Adormideras, cuando gobernaba el PSOE, conocido como Agra de San Amaro, acumula hasta ahora dos millones de euros en indemnizaciones, las que han percibido los propietarios de terreno a los que se les prometió edificabilidad al ser expropiados para la construcción del paseo pero que la perdieron, y no se les dio otra solución, cuando el proyecto fue rechazado.

Recursos contenciosos por expropiaciones con sentencias desfavorables y condenas por responsabilidad patrimonial a raíz de convenios urbanísticos o reversión de terrenos expropiados, como ocurrió en Someso, están detrás del gasto municipal anual en indemnizaciones, que entre 2015 y a fecha de hoy en 2019 roza los 11 millones de euros.

Tanto el Gobierno local actual como el anterior del PP han heredado las consecuencias de las prácticas irregulares del mandato socialista en Someso. Los populares cifraron en 19 millones las pérdidas patrimoniales a consecuencia de una expropiación, a finales de los años ochenta, para construir un campo de fútbol y una carretera, pero los propietarios vieron cómo la zona se recalificaba para levantar un gran polígono de viviendas promovido, entre otros, por el empresario Antonio Fontenla. Se han pagado hasta ahora casi 23 millones en indemnizaciones.

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