21 de mayo de 2019
21.05.2019

El Concello multará a Interior si en 15 días no ejecuta medidas de seguridad en la cárcel

Rexeneración Urbana notifica por decreto una orden para actuar contra la entrada de animales y agua y el exceso de vegetación, y amenaza con hasta 10.000 euros de sanción si se incumple

20.05.2019 | 20:27
Cubiertas de la antigua prisión de la Torre con vegetación.

Cuatro meses después de que el Concello renunciase a prorrogar la cesión por dos años acordada con Interior para darle uso ciudadano a la antigua cárcel, el área de Rexeneración Urbana ordena por decreto a la propietaria del edificio que tome medidas de seguridad para evitar la proliferación de vegetación en cubiertas y fachadas y la entrada de agua y animales. No es el primer decreto que notifica el Concello a la titular de la prisión, a la que advierte de que si no cumple la orden la multará con hasta 10.000 euros. El Concello anunció en febrero que trataría de obtener una cesión indefinida del penal, cerrado desde diciembre tras prohibir a Proxecto Cárcere continuar su gestión, que tampoco autoriza la Xunta

La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), entidad pública del Ministerio de Hacienda que actúa como órgano instrumental de Interior, tiene un plazo de quince días para ejecutar medidas de seguridad en la antigua cárcel provincial de la Torre de Hércules. Si incumple estar orden, notificada mediante decreto por el área municipal de Rexeneración Urbana la semana pasada, la propietaria de la prisión será sancionada por el Ayuntamiento con multas coercitivas de 1.000 a 10.000 euros, que se podrán reiterar cada tres meses si continúa sin intervenir en el viejo penal.

El Concello recurre a un nuevo decreto para transmitir los pronunciamientos efectuados previamente en otros firmados en 2014 y 2015 y tras un informe del arquitecto municipal del pasado mes de abril que se refiere a la necesidad de ejecutar trabajos de reparación, conservación y mantenimiento en el inmueble. Las medidas de seguridad que requiere el Ayuntamiento deberán ser "las necesarias que eviten la entrada de agua y animales" en la instalación y "la proliferación de vegetación en diferentes zonas", como las cubiertas, las fachadas y otras dependencias.

Todos los trabajos que se realicen serán recogidos en un informe que certifique las condiciones de seguridad y salubridad necesarias que impidan que el edificio del paseo marítimo, cerrado desde diciembre pasado tras una breve reapertura de cuatro meses como espacio de actividades sociales y culturales, continúe degradándose. Ese documento tendrá que ser presentado en el plazo máximo de un mes.

La SIEP y el Concello acordaron a finales de 2016 la cesión gratuita por dos años del recinto penitenciario para que la administración local pudiera destinarlo a uso ciudadano. Cada parte se comprometió a invertir 150.000 euros en mejorar el estado de la instalación. Rexeneración Urbana tardó casi un año en adjudicar las obras básicas para la recuperación del uso y por concurso asignó la gestión de la nueva actividad al colectivo Proxecto Cárcere, proceso que suscitó polémica por una denuncia por prevaricación promovida por el grupo local del PP. Tuvieron que pasar otros diez meses hasta que la prisión abrió sus puertas, en agosto de 2018, para que pudiera ser utilizada solo una pequeña parte del inmueble, dado que el resto no reunía las condiciones adecuadas de seguridad.

Pero en diciembre el Concello no autorizó la programación de actos por falta de documentación de la plataforma y por un informe de la Xunta que no permitía que la pasarela provisional solicitada por el Gobierno local meses antes se instalase en el edificio, al estar vinculado a usos socioculturales que Patrimonio no autorizaba.

El Concello aseguró que recurriría la resolución y Proxecto Cárcere censuró la falta de apoyo del Gobierno local a su gestión y las trabas impuestas por el Ejecutivo gallego. Finalizado en enero el periodo de cesión de la cárcel, el Ayuntamiento renunció a una prórroga por el mal estado del edificio, aunque anunció que buscaría un préstamo indefinido o el reconocimiento de la titularidad del inmueble hasta que hubiera una sentencia judicial sobre el pleito que mantienen el Estado y el Concello acerca de la propiedad del mismo.

Este litigio proviene de los intentos del Gobierno anterior de dejar en papel mojado el acuerdo que firmó el exalcalde Francisco Vázquez con en Ejecutivo central el 2005, por el cual la cárcel sería de propiedad municipal a cambio de unos terrenos próximos en los que Interior levantó el centro de reinserción y un pago de 1,2 millones de euros para satisfacer la diferencia de la permuta.

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