Unos 1.300 funcionarios municipales están llamados hoy a las urnas para elegir a sus futuros representantes en la Junta de Personal del Concello. Concurren cuatro listas, las mismas que obtuvieron representación en 2015. CSI-CSIF, que cuenta hasta hoy con ocho representantes, CIG, que tiene siete, UGT, que tiene seis, y Comisiones Obreras, que sumó dos en la convocatoria anterior.
El portavoz de CSI-CSIF, Manuel Aceña, que este año pasa de la cabeza de la lista a "casi el último" puesto, y cuyo relevo toma Manuel Freire, explica que, en esta ocasión, solo votarán los funcionarios y que la votación del personal laboral se realizará en otro momento, para evitar que las elecciones se prolongasen hasta junio.
La convocatoria de estos comicios para renovar la junta casi coincide con la publicación, ayer, en el Boletín Oficial de la Provincia, del acuerdo marco del personal del Concello, que tiene vigencia hasta 2022.
Marina Lorenzo, de Comisiones Obreras, que este año va en segundo puesto en la candidatura, explica que este acuerdo es solo un documento en el que basarse y que, a partir de ahora, el reto está en desarrollarlo, en ponerlo en práctica. La CIG apuesta por la confección de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) "que parta de cero" y pone sobre la mesa la prevención de riesgos laborales, poniendo especial atención en las consecuencias del "gas radón" en los edificios municipales y en cómo se pueden reducir sus efectos en la plantilla.
Aceña explica que "la futura valoración de puestos de la RPT para el personal municipal se impulsará a partir del acuerdo alcanzado por los cuatro sindicatos CSIF, CIG, UGT y CCOO en mesa técnica para que se corrija en las normas de gestión el concepto de peligrosidad que afecta a Bomberos, Policía y Protección Civil „ya que, actualmente, cobran más por dicho concepto las categorías que tienen menos exposición al riesgo„. Conjuntamente con ese cambio, acordado para que se cumpla en el plazo de un año, debieran corregirse muchos otros aspectos deficientes de la actual RPT y sus normas de gestión".
La valoración de la RPT implica que se estudien las funciones que cada uno de los trabajadores realiza para ver si se le paga por todo lo que hace o si hay tareas que desempeña que no están remuneradas porque no están documentadas.
El acuerdo incluye puntos, como la promoción de la carrera horizontal que, según explica Aceña, tiene como objetivo que los trabajadores que no puedan ascender por las características de su empleo, puedan optar a mejorar su salario cumpliendo objetivos como la realización de cursos de formación, el cumplimiento de tramos de antigüedad y la evaluación del rendimiento.
La sección sindical de UGT en el Concello apuesta por conseguir que, en estos cuatro años, los trabajadores recuperen "el 5% de la masa salarial perdida", entre otras cosas, como conseguir "la estabilización del personal funcionario interino".
En estos cuatro años, los funcionarios tienen otras tareas pendientes a tratar con el Gobierno local, como completar el concurso de traslados, que empezó con Marea Atlántica, pero que todavía no se ha cerrado, y que se cubran las vacantes. En el acuerdo marco, se recoge, por ejemplo, que el sistema de cobertura de plazas de funcionarios, con carácter general, será la oposición y el concurso-oposición para las plazas de Administración Especial; el estudio del teletrabajo en el Concello, así como una bolsa de horas para facilitar la flexibilidad horaria.
