23 de mayo de 2019
23.05.2019

Defensa prevé entrar hoy en la fábrica de armas sin que Hércules la desaloje

La concesionaria alega que pagará pero el Ministerio exigirá el abandono que le ordenó

23.05.2019 | 00:14
Puerta de acceso a la fábrica de armas.

Personal de la delegación de Defensa en Galicia entrará esta mañana, sobre las 9.00, en la fábrica de armas. El propósito, hacerse cargo de las instalaciones sin la presencia de la concesionaria, Hércules de Armamento, obligada por el Estado mediante una orden de ejecución a desalojarlas. Pero la empresa se niega a hacerlo, asegura que va a pagar lo que debe al Ministerio y su responsable, Ramón Mejuto, no entregó ayer las llaves después del límite previsto, las 20.30 horas.

¿Qué va a pasar ahora? Los emisarios de Defensa levantarán hoy acta de que Hércules no ha cumplido la orden de desalojo, que trasladarán al Ministerio para que adopte las medidas oportunas. Mejuto fue una de las tres personas que ayer cerró la fábrica a las dos de la tarde. Horas después entró un informático. Se desconoce si el director volverá hoy a la planta.

La orden ejecutiva de desalojo „que anunció la candidata socialista a la Alcaldía la semana pasada antes que la Delegación del Gobierno„ fue transmitida el 15 de mayo a Hércules, que se acogió a la interposición de un recurso contencioso-administrativo que le permite la ley para defender su permanencia en la fábrica. La medida, sin embargo, no paraliza ni suspende el abandono obligado de las instalaciones, tal como el Estado comunicó a la concesionaria en la resolución de la rescisión de su contrato.

Mejuto convocó ayer por la mañana una asamblea de trabajadores a la que acudieron menos de diez personas y en los últimos días solicitó a la delegación de Defensa en Galicia entregar las llaves de la planta industrial con la presencia de un notario y de los servicios jurídicos de la empresa, a lo que se opuso el departamento estatal. La actividad en la fábrica de Pedralonga es nula desde hace tiempo y últimamente solo están presentes cuatro personas.

El desalojo de las instalaciones es uno de los pasos esenciales previos a la implantación en el lugar de un proyecto tecnológico promovido por la Universidade da Coruña (UDC) y avalado por el Gobierno estatal, conocido como la Ciudad de las TIC. Empresas locales y gallegas del sector ocuparían parte de los terrenos de Defensa para desarrollar su actividad, plan en el que tendría cabida el antiguo personal de la fábrica vinculado al sindicato UGT.

Estos trabajadores han sido en los últimos cinco años los denunciantes de irregularidades en la adjudicación a Hércules por concurso público, así como de impagos del canon y de obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social. El Consejo de Estado confirmó en un documento a finales de 2018 las deudas de la fábrica, la falta de actividad e ingresos y la pérdida progresiva de plantilla.

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