El Ministerio de Defensa ha iniciado ya el proceso para que un juez ordene el desalojo forzoso de Hércules de Armamento de la fábrica de armas, después de negarse el mes pasado la concesionaria a abandonar voluntariamente las instalaciones en cumplimiento de una orden ejecutiva decretada por el departamento estatal. El fin del proceso, que podría prolongarse por espacio de tres meses, según fuentes próximas a Defensa, culminaría en un desahucio en toda regla.
La empresa, dirigida por Ramón Mejuto, tenía que haber entregado las llaves de la planta industrial de Pedralonga antes del pasado 22 de mayo a las 20.30 horas. No lo hizo, sino que ese día Mejuto avanzó que estaba dispuesto a pagar el canon que debe por el uso de la fábrica y anunció recurso judicial. Al día siguiente abrió la puerta principal a una delegación de Defensa en Galicia que iba a inspeccionar las instalaciones y desde entonces permanece en el lugar en compañía de muy pocos trabajadores, abriendo y cerrando el portalón cada día.
Hércules de Armamento ha tenido la oportunidad de presentar un recurso judicial contencioso-administrativo contra la orden de desalojo de la fábrica de armas, pero su tramitación no deja sin efecto el mandato del Ministerio, por lo que tendría que haber abandonado la factoría. Defensa no tiene constancia de que Mejuto haya abonado el dinero del canon y en el caso de que lo haga no podrá retomar la concesión, revocada hace unos meses. El canon no es lo único que debe la empresa, también tiene deudas con Hacienda, la Seguridad Social y los trabajadores, que han ido saliendo de la fábrica en los dos últimos años.
De forma paralela al proceso de desahucio, Defensa y la Universidade da Coruña avanzan en la concesión de la que podrá disponer la institución académica para implantar en parte de los terrenos de Pedralonga un parque tecnológico, proyecto anunciado en diciembre y que, según el PSOE local, cuenta con el compromiso del Gobierno estatal.
