07 de junio de 2019
07.06.2019

El acreedor de la obra de la calle Príncipe trata de evitar la demolición en plena Ciudad Vieja

El fondo Romareda, que recurrió el derribo, ha pedido el concurso necesario para poder llegar a un acuerdo con el Concello y los vecinos denunciantes a través del administrador concursal

06.06.2019 | 19:28
Fachada posterior de los edificios de la calle Príncipe.

El conflicto por la reforma de los números 6 y 8 de la calle Príncipe tiene un nuevo actor. Sobre el edificio, en el corazón de la Ciudad Vieja, pesa una orden de demolición municipal, tras una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia del año pasado, fruto de un conflicto del promotor con vecinos de la zona. La orden está, por el momento, paralizada. Ha sido esta nueva parte, el fondo que compró la deuda de la promotora a la Sareb y que tiene como garantía el edificio, la que ha acudido a los tribunales para tratar de frenar el derribo total. Al mismo tiempo, ha iniciado el proceso de concurso necesario para que se nombre un administrador concursal y tratar de dar salida a la situación, ahora enquistada. Su deseo es llegar a un acuerdo con el Concello y con los vecinos colindantes, que denunciaron la obra, para evitar la demolición completa del inmueble reformado de manera irregular en pleno corazón de la Ciudad Vieja.

Así, ahora mismo, hay dos frentes judiciales abiertos, en el Contencioso para parar la orden de derribo firmada por el Concello en 2017 a raíz de la sentencia; y en el Mercantil, por el concurso necesario pedido por el fondo acreedor, Romareda. El concurso está pendiente de localizar al deudor, la constructora IDIA, por encontrarse "en ignorado paradero" y no habérsele podido notificar el procedimiento que sigue el juzgado número dos de lo Mercantil, según los anuncios publicados para ubicarlo. Romareda compró la deuda de IDIA a la Sareb o banco malo y el edificio es la garantía, según fuentes del holding.

El fondo, por otro lado, ha presentado un Contencioso contra el Concello porque hay una orden de demolición contra su garantía. Aún no hay vista fijada y las mismas fuentes apuestan por una salida "pacífica y consensuada" entre las partes, que en este caso son también la Administración municipal y los vecinos, una comunidad de propietarios de la calle Santo Domingo. Estos llevan dos décadas de lucha judicial contra unos trabajos arquitectónicos que les privaban además de las vistas que tenían sobre el puerto coruñés. En el Contencioso-administrativo, la empresa se opone a la demolición total del edificio.

La sociedad indica que lo que intenta es ordenar la situación, forzar el concurso y llegar a un acuerdo a través del Administrador concursal con el Ayuntamiento y los vecinos. Su intención, tras el pacto, sería terminar la obra acorde a la legalidad para poder poner en el mercado las viviendas y evitar una demolición en una "localización magnífica", lo que, entiende, sería beneficioso para todas las partes. La empresa, que estudia el reguero de sentencias en torno al inmueble, cuestiona que la orden de demolición municipal, tal y como ha sido transmitida, sea legal, lo que tendrá que valorar ahora el juez. Desde Romareda confían en que el acuerdo salga adelante y ponen ejemplos de ello, como el de un edificio en O Porriño, del que también adquirieron el préstamo, con dos plantas sótano completamente inundadas. Se llegó a un acuerdo provechoso, relatan, a través de la Administración concursal.

La demolición, tras la interposición del recurso, está parada. A ella insta una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) del año pasado. Según el fallo del Superior, la Xunta debe imponer una sanción a la promotora de la reforma. La obligación de devolver los edificios al estadio previo a las obras "se mantiene", indicaron fuentes municipales, aunque la apertura del litigio ha dejado en suspenso la ejecución de la sentencia del Superior.

La sentencia de derribo que pesa sobre los números 6 y 8 de la calle Príncipe es consecuencia de un recurso contencioso-administrativo promovido contra la Xunta y contra la constructora IDIA por la comunidad de propietarios del edificio del número 2 de la calle Santo Domingo, perpendicular a la calle Príncipe, que el TSXG estimó parcialmente. Los vecinos de este inmueble recurrieron a los tribunales tras oponerse a la resolución de la Dirección Xeral de Patrimonio que declaraba que durante las obras no se habían producido daños arqueológicos, pero sí arquitectónicos, en los restos de una muralla medieval aparecida al comienzo de los trabajos. Tampoco apreció infracciones ni responsabilidades administrativas por la presunta realización de actuaciones no recogidas en los proyectos de edificación y rehabilitación. Un año antes del dictamen del Superior, el Ayuntamiento había decretado una orden para derribar las obras y restituir el "estado primigenio" de los edificios.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
esquelasfunerarias.es