Secretarios e interventores gallegos participaron ayer en una jornada sobre las novedades en el control económico y financiero de ayuntamientos y diputaciones organizada por la editorial jurídica Lefebvre y la empresa Eudita Auditores a causa de la publicación de Claves prácticas: novedades del control interno local, coordinada por el coruñés Juan José Juega. Guillermo Ridruejo, uno de los ponentes de la jornada, destaca la mejora que supondrá la nueva legislación para el control de la gestión de los ayuntamientos.

¿Qué supone para secretarios e interventores la nueva legislación en cuanto al control económico?

Los secretarios e interventores ya eran órganos de control interno, pero con el nuevo reglamento se extienden sus potestades de control posterior, de forma que se amplían las obligaciones que tienen.

¿Qué consecuencias tendrá?

Van a tener mayor carga de trabajo, porque tendrán que hacer un control no solo de cumplimiento, sino también contable y de gestión sobre todo el conjunto de la entidad local. La consecuencia es que va a haber un mayor control de la administración local.

¿Repercutirá en que haya menos irregularidades?

Probablemente, y sobre todo al principio se van a detectar cosas que antes no se detectaban. El control tiene dos funciones: detectar y evitar que se produzcan esas situaciones, así como proponer mejoras en la gestión, por lo que en principio debería tender a ese objetivo.

Pero muchas veces estos funcionarios no cuentan con los medios necesarios.

Hay muchas plazas vacantes y tienen una carga de trabajo elevada y de máxima responsabilidad. El cambio introducido trata de ayudar permitiéndoles contratar a firmas privadas de auditoría para colaborar en sus trabajos, lo que ya sucede en las administraciones estatal y autonómica.

¿Es frecuente que secretarios e interventores dispongan de recursos escasos?

Sí, pero también los ayuntamientos han tenido dificultades por la carestía de medios, ya que se restringió la contratación de personal. Pero algunos ayuntamientos sí ponen medios a su disposición. Con la nueva normativa hay necesidad de que se refuercen esos medios, lo que ya se está produciendo porque se están ampliando las convocatorias de este personal, aunque también hay que contratar funcionarios de apoyo.

En A Coruña ha habido concesionarias que no pagaron durante años al Ayuntamiento el canon al que estaban obligadas. ¿Cómo pudo suceder?

Es difícil contestar a un caso concreto sin conocer los medios. La auditoría se tiene que basar en el estudio profundo de la documentación y del marco jurídico. Puede haber multitud de causas, como la definición de la prestación del servicio o problemas de la propia empresa. Las nuevas medidas aprobadas lo que tratan es de que se detecten este tipo de cuestiones y se propongan mejoras para que no se produzcan .

¿Cómo se puede controlar una actividad tan amplia como la de un ayuntamiento?

Las técnicas de control utilizan muestreos, que es una revisión selectiva que se apoya en una evaluación de riesgos para intentar concentrar los medios de control donde el riesgo es más grande, que es donde más recursos se gestionan y donde más problemas pueda haber porque el control sea más débil o no haya personal. No es lo mismo pagos repetitivos de pequeña cuantía en los que el riesgo es bajo que la contratación de un servicio de transportes o la recogida de residuos urbanos.

¿Están más sensibilizados los gestores municipales con la necesidad del rigor económico, porque continuamente salen a la luz casos de mal uso de los fondos públicos?

Yo creo que todos los gestores cada vez están más concienciados. Hay que ver si esos casos constituyen un delito o se trata de mala gestión, ya que son cosas muy distintas, porque de los primeros se ocupan los juzgados y de lo que estamos hablando aquí es de control de la gestión. Puede encontrar algunas cuestiones susceptibles de delitos, pero eso es un trabajo de los juzgados.