El Ayuntamiento denunció el mes pasado ante la Fiscalía al grafitero que firma sus pintadas con el tag COAS, entre otros nombres, al que le había imputado quince grafitis ilegales en la ciudad y sancionado con multas que suman los 2.000 euros, importe que se negó a pagar. El fiscal no ha concluido la investigación, según fuentes consultadas, ya que en sus diligencias trata de establecer si las pintadas, la mayoría realizadas en la zona regulada por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) de Ciudad Vieja y Pescadería y en propiedades privadas, constituyen un delito patrimonial.
La reforma del Código Penal, en 2015, dejó de dar la consideración de falta de deslucimiento o falta de daños a la realización de grafitis, que pasaron a ser delitos leves u otra figura delictiva cuando revisten "cierta entidad". La ambigüedad del texto legal deja en manos de los tribunales y los jueces la interpretación de los daños causados. En líneas generales el delito de daños se produciría cuando hay un menoscabo visible y un perjuicio evidente del bien inmueble que sufre una pintada.
