El PSOE dejará para después de la investidura de Inés Rey como alcaldesa la negociación de un acuerdo con Marea Atlántica y BNG que le permita gobernar con estabilidad durante los próximos, ya que el documento exigido por las dos formaciones a los socialistas con propuestas concretas de acuerdos no será presentado antes del pleno de constitución de la nueva Corporación de mañana. A pesar de la falta de ese texto, los planteamientos ya expresados por Marea y el Bloque acerca de los terrenos portuarios que quedarán liberados por el traslado de actividades a punta Langosteira harán que el futuro de esos muelles se convierta en uno de los ejes de un posible acuerdo que garantice la gobernabilidad en el Concello, ante la precariedad en la que se encontrará el PSOE, con tan solo 9 ediles en un pleno formado por 27.

Los socialistas no han planteado por el momento a los otros dos partidos de izquierda cuáles son sus preferencias para ejercer el gobierno durante los próximos cuatro años, ya que no les han ofrecido formar parte del Ejecutivo ni les han transmitido que pretenden gobernar en solitario, aunque las declaraciones realizadas por los dirigentes socialistas hacen prever que esta última opción será la que se imponga.

Marea y BNG comparten criterios en algunas de las principales políticas municipales, aunque con diferentes matices en cada una de ellas. A continuación, se detallan las materias en las que existen coincidencias entre ambas fuerzas, así como los aspectos que les diferencian.

Muelles. Para Marea y BNG, los acuerdos suscritos en 2004 que establecen la venta de los terrenos del puerto interior para financiar las obras de punta Langosteira deben ser revisados con el fin de evitar esa operación. Ambos partidos apuestan por que se mantenga la titularidad pública de ese suelo, pero el BNG rechaza de forma frontal que exista cualquier tipo de compensación por su recuperación por parte del Concello. En la actualidad esos muelles son propiedad del Estado a través de la Autoridad Portuaria, por lo que es el Gobierno central, de nuevo en manos del PSOE en esta legislatura, tendrá la última palabra y colocará a los socialistas coruñeses en la difícil posición de conciliar los intereses de la ciudad y los de la Administración central.

Representación. Tanto Marea Atlántica como BNG consideran imprescindible que se mantenga la actual situación, en la que todos los grupos municipales forman parte de los órganos de gestión de la empresa de aguas (Emalcsa) y la de vivienda y servicios (Emvsa), así como del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), el Consorcio de Promoción de la Música y la Fundación Luís Seoane. Socialistas y populares están también representados, además de Marea, en la empresa gestora de la depuradora de Bens, aunque no los nacionalistas, debido a que la presentación de representantes de otros municipios limita la posibilidad de admitir a todos los grupos políticos coruñeses.

Especulación. Los problemas urbanísticos ocurridos en los últimos años llevan a las dos formaciones a reclamar medidas que eviten nuevas situaciones de este tipo, así como que se investiguen las que afectaron al Concello coruñés y que le han supuesto importantes trastornos económicos en forma de indemnizaciones millonarias. Marea cita entre ellas la de la antigua sede de Fenosa, los terrenos del Agra de San Amaro y los de Someso, pero los nacionalistas defienden que se extienda a otras operaciones inmobiliarias.

Transporte público. La remodelación de las líneas del bus urbano es una de las prioridades de los dos grupos. Marea defiende que se mantenga la reducción en las tarifas aplicada durante el mandato que ahora termina y que se dé por finalizada la concesión de la Compañía de Tranvías para convocar un nuevo concurso, aunque este aspecto está pendiente de la resolución de los recursos presentados por la empresa. El BNG hace especial incidencia en la mejora de las frecuencias, tarifas y recorridos, así como en la recuperación del carril bus, un sistema de circulación por el que también apuesta Marea y que redactó su gobierno pero que no llegó a restablecer en este mandato.

Política Social. El liderazgo alcanzado en Galicia por A Coruña en cuanto a gasto social por habitante, cifrado en 105 euros al año, debe mantenerse, según Marea, quien plantea el incremento de estos medios en al menos un 20%, así como el aumento de los servicios y los derechos, como la gratuidad de las escuelas infantiles municipales y la supresión del copago en la ayuda a la dependencia. El BNG comparte la necesidad de impulsar la intervención social desde el Concello pero con la puesta en marcha de un Plan de Inclusión Social, el aumento del apoyo a la infancia y la conciliación, la agilización de la respuesta a los casos de emergencia social y el apoyo a las entidades que prestan asistencia a las personas en riesgo de exclusión.