En septiembre del año pasado unos 30 vecinos de la Ciudad Vieja escenificaron su enfado contra las pintadas en el barrio y en el conjunto de la ciudad con la limpieza de una pared privada manchada en la plaza de las Bárbaras. "Esta acción puede motivar otras. Estamos hartos de que no se haga nada para eliminar los grafitis", denunció el impulsor de aquel gesto, Juan Ignacio Borrego, quien hoy jurará o prometerá su cargo como edil del Gobierno local, del PSOE. No hubo más brochazos contra las pintadas, aunque desde entonces no se dejó de criticar desde la oposición en el Corporación municipal la falta de respuesta del Ejecutivo a la invasión grafitera.
La negativa a limpiar pintadas, pagar multas o colaborar con el Concello en la recuperación de espacios públicos de un grafitero coruñés detenido hace dos semanas y en prisión por pintar en trenes, y que ha puesto su firma en más de 500 grafitis en la ciudad desde hace varios años, pone de manifiesto la dificultad de luchar desde el ámbito institucional contra la acción de los grafiteros. Su actividad sobre muros públicos y privados, puertas, verjas, garajes, mobiliario urbano e incluso bienes protegidos, la mayoría de las veces de manera ilegal, es una costumbre que continúa afeando las calles y que exige medidas más eficaces que una limpieza colectiva de los vecinos.
El caso de este grafitero, que entre otros tags o firmas utiliza el de COAS, no es el único ejemplo de lo complejo que resulta poner freno a la propagación de pintadas. Porque los autores siguen actuando sobre superficies prohibidas y, alentados por el atractivo del riesgo que ello entraña, disfrutan dejando su huella con espray por la ciudad. Basta recorrer la calle Orzán, donde se cuentan con los dedos los inmuebles totalmente libres de alguna pintada por pequeña que sea, para comprobar su afán de exhibicionismo. "Grafitis los ha habido siempre en A Coruña y puede que durante un tiempo pare la actividad y más tarde se retome con fuerza", augura un grafitero consultado por este periódico.
La metodología de los grafiteros complica también cualquier intento policial por eliminar o reducir sus actuaciones: se mueven en grupo y de forma muy organizada, con vigilancias para que unos autores pinten „en ocasiones con materiales imposibles de borrar„ y otros vigilen, y siempre de noche. COAS, por ejemplo, no tardó más que unos días en volver a pintar tras negarse a limpiar sus grafitis y abonar sus sanciones. La Fiscalía investiga si parte de su legado vadálico constituye un delito contra el patrimonio después de que el Concello le remitiese su expediente tras su infructuosa tentativa para disuadirlo de seguir pintando.
El Ayuntamiento ha puesto en marcha medidas para tratar de luchar contra los grafitis. Como los trabajos comunitarios que han aceptado algunos autores sancionados para limpiar pintadas o actuar con sus murales sobre espacios degradados. Es un pequeño paso, admiten desde el Concello, cuyo resultado a la larga está por ver, ya que en gran medida está condicionado por la dependencia del espray que tienen muchos grafiteros.
El Gobierno local informó en febrero de que desde diciembre se habían limpiado casi la mitad de las pintadas (57 de un total de 123) detectadas en edificios de titularidad pública, como Palexco, la Casa del Agua o algunos colegios. El Concello modificó un mes antes la ordenanza de limpieza viaria para borrar pintadas en espacios privados de especial interés público y patrimonial. Además, vecinos y hosteleros pueden solicitar la eliminación de grafitis en sus edificios. El nuevo contrato de limpieza, aún sin adjudicar, dispondrá la creación de una brigada específica contra pintadas.
