Un nuevo ciclo ha comenzado en María Pita y sigue en los despachos la revisión de oficio de los acuerdos de Someso, para poder pedir responsabilidades por las indemnizaciones derivadas del desarrollo, de casi veinte millones de euros. El Consello Consultivo informa de que no ha recibido la propuesta de nulidad por parte del Concello. Marea Atlántica alcanzó el final del mandato sin cumplir su compromiso de enviar al órgano el expediente. La instrucción se alargó y, aunque el exconcejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, dio en abril por concluido el expediente, fuentes municipales indican que se quedó en la asesoría jurídica por la "posible doble adquisición" de una parcela. Ya la instrucción del PP advertía de que hasta 9.400 metros cuadrados de fincas de titularidad municipal fueron aportados por promotores a la junta de compensación, sin que fuese acreditada su transmisión.

El Gobierno local y la Asesoría Jurídica entendieron, según las mismas fuentes, que la supuesta doble adquisición requería de una investigación "más exhaustiva", que quedó parada con las elecciones, que ha ganado el PSOE, quien tendrá que decidir qué hace con la expediente. La junta de compensación de Someso se constituyó en 2002. Según la instrucción que se realizó durante el Ejecutivo Partido Popular, 9.400 metros cuadrados pertenecientes a 22 parcelas de titularidad municipal aparecieron aportadas por ocho sociedades entre las que se encontraban Construcciones Fontenla, Multiveste, Caixa Galicia o Vallehermoso. Ocurrió, advertía la instructora, sin que los responsables municipales se moviesen para "reclamar" la superficie "desaparecida".

Las indemnizaciones por el desarrollo de Someso superaron los 19,2 millones de euros, que tuvieron que ser pagados a los propietarios originales de los terrenos, a los que les expropió para un campo de fútbol, el del Relámpago, que nunca se construyó. Vieron cómo el Gobierno socialista recalificaba los terrenos para construir el polígono de Someso, con "edificios tipo Chicago", según explicaba Francisco Vázquez.

El sector en torno al recinto ferial se quedó a medias y parado por la crisis hasta el pasado año, cuando se otorgó una nueva licencia. El PP, que llegó a la Alcaldía en 2011 haciendo campaña con el caso, culminó una instrucción interna que se envió a Fiscalía, que la archivó por no señalar ningún delito ni ningún posible autor del mismo. Después, optó por el camino del Tribunal de Cuentas pero llegó el cambio de Gobierno municipal y Marea Atlántica consideró esta vía "condenada al fracaso" por no haberse realizado previamente la revisión de los acuerdos, lo que podría suponer "una previsible y grave repercusión económica".

Tras retirar el procedimiento contable, anunció que había iniciado un expediente para preparar la revisión de oficio con su remisión al Consello Consultivo de Galicia, encargado de avalar la nulidad de los acuerdos. El Gobierno municipal se comprometió a enviarlos y un informe jurídico en julio de 2015 concluyó que era posible declarar nula la venta de suelo municipal. Eso no significaba, avanzaba Marea, que pudieran pedirse responsabilidades contables, por existir "una evidente prescripción" de las mismas.

En marzo de 2016, el Concello exponía los acuerdos clave del desarrollo de Someso, abriendo un periodo de alegaciones antes de, decía, enviar el expediente al Consello Consultivo. Entre ese momento y el final del mandato, el Ejecutivo afirmaba que la investigación y preparación de expediente proseguía, aunque con dificultada por su magnitud y su complejidad. En primavera de este año, el Ejecutivo daba por terminado el documento. Se lo comunicaron a los medios de comunicación y también al Valedor do Pobo ante la denuncia de un particular, el exconcejal socialista José Antonio Sánchez Penas. Hace unas semanas, el Concello respondía al Valedor que el expediente estaba concluido y listo para enviar el Consultivo. El edil de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, anunció en el pleno del 1 de abril, tras una pregunta del PP, que los documentos se enviarían la siguiente semana.

Pero los papeles no salieron del Concello, según confirmó el Consultivo. Fuentes municipales indican que el Gobierno municipal decidió ahondar en la doble titularidad de las fincas, una investigación que quedó encallada con la llegada de las elecciones y que le queda de herencia a un Gobierno local del mismo partido que firmó los convenios en cuestión.