Los tiempos en la administración tienen un peso clave. Un revés en cualquier proceso puede retrasar sus etapas sucesivas y requerir correcciones urgentes. Esto es lo que ha pasado con la tramitación de los campamentos de verano que la Concejalía de Cultura promueve todos los años en el Fórum Metropolitano y el Centro Ágora, que ha coincidido con la salida de un Gobierno local y la entrada de otro. Una demora a consecuencia de dos errores hace dos meses en los trámites de contratación de la empresa encargada de desarrollar las actividades motivó la semana pasada la suspensión de los programas de ocio, repartidos en cinco tandas entre junio y septiembre. El nuevo Ejecutivo reaccionó esta semana con una solución de urgencia: la firma que llevaba a cabo el servicio hasta ahora se hará cargo del mismo ante el retraso de la licitación actual. Más de 1.300 niños de 4 a 12 años podrán apuntarse a estos campamentos.

En los años anteriores las inscripciones comenzaban en mayo y a finales de ese mes ya se conocían las plazas asignadas para cada turno, el primero de ellos a finales de junio. Pero este año se advirtieron dos errores a comienzos de abril en la valoración de los conceptos que integran el precio del contrato, en concreto en el coste del coordinador del programa y en el del gasto en los autocares para los desplazamientos de los menores. Los fallos, que no implicaron una modificación del presupuesto de licitación, de 130.000 euros, no se rectificaron hasta finales de abril.

El imprevisto trajo consigo un retraso en cadena de las siguientes fases del proceso de contratación del servicio por cinco años a una nueva empresa. El IMCE no dio la aprobación al pliego de prescripciones técnicas hasta un mes después y abrió la documentación de la licitación del programa el 24 de mayo. La mesa de contratación se constituyó el 1 de junio y la propuesta de adjudicación entre las dos ofertas presentadas se conoció el día 12, con una diferencia de tres puntos entre la propuesta ganadora y su rival.

Pero el contrato requería la firma del Consejo Rector del IMCE, sin constituir tras el cambio de gobierno. Ante esta situación el nuevo Ejecutivo aparcó el proceso y asignó a la antigua empresa la gestión de los campamentos.