El Tribunal de Cuentas juzgará si el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, y el director de Infraestructuras del mismo organismo, Fernando Noya, son responsables de pagos irregulares a una empresa por dirigir los trabajos del puerto exterior entre 2008 y 2011 cuando quien firmaba las certificaciones de obra era el propio Noya, razón por la que reclama a ambos el abono de 213.435 euros. El contrato fue firmado en el año 2007 por el anterior presidente del Puerto, Macario Fernández-Alonso, quien posteriormente podría tener que afrontar también su responsabilidad en este caso, aunque Cuentas dedica ahora su acción contra Losada por mantener los pagos a la empresa desde que se hizo cargo de la presidencia en 2009 y hasta diciembre de 2011.

La cantidad que se podría haber reclamado llegaría a 792.000 euros, aunque el tribunal estima que los pagos realizados antes de junio de 2009 han prescrito, por lo que la cifra se reduciría hasta los 544.500 euros, a los que habría que sumar 146.025 euros en concepto de intereses de demora. Las alegaciones presentadas por Losada y Noya reflejaron que de cada una de las facturas habría que descontar 8.600 euros que corresponden al pago al ingeniero coordinador adjunto al director de obra y 2.800 euros que se dedicaron a gastos de oficina, comunicaciones, vehículos y administración. De esa forma, la cantidad que finalmente se reclamará por pagos supuestamente irregulares es de 168.300 euros, además de otros 45.135 por intereses.

El presidente, que cumplió diez años en el cargo el pasado día 17, y el director de Infraestructuras han tenido que abonar ya una fianza antes del inicio del juicio para hacer frente a su posible responsabilidad. Las supuestas irregularidades fueron descubiertas durante la fiscalización de las obras de punta Langosteira realizadas entre 2012 y 2014, cuando Cuentas comprobó que los trabajos fueron dirigidos por la propia Autoridad Portuaria a través de Fernando Noya entre 2005 y 2007.

En ese último año, el Puerto efectuó una modificación de la asistencia técnica que había contratado para el control de la ejecución de las obras con la unión temporal de empresas Langosteira Supervisión para incorporarle también la dirección de las mismas por un importe de 1,1 millones. El tribunal considera que en realidad no se produjo una modificación del contrato, sino que se elaboró "uno nuevo y distinto", de acuerdo con la normativa de contratación.

Para justificar la necesidad de cambiar el contrato, el Puerto argumentó que en 2007 comenzaría la construcción del dique principal de Langosteira y que era preciso "contar con un director de obra dependiente de la Subdirección General de Infraestructura, con dedicación exclusiva a la obra". A esto añadía que en la Autoridad Portuaria no existía "ningún puesto para este cometido", por lo que defendía realizar esta labor dentro del contrato para el control de los trabajos, lo que a su juicio permitiría "un mejor funcionamiento de toda la estructura organizativa de la obra".

Desde abril de 2007, fecha en la que se formalizó el contrato, hasta diciembre de ese mismo año en las certificaciones de obra del proyecto de Langosteira apareció como director el ingeniero Enrique García Ferro, perteneciente a Langosteira Supervisión. Pero en enero de 2008 volvió a figurar como responsable de la obra Fernando Noya, aunque los pagos a la empresa que tenía contratado a García Ferro, continuaron hasta el final de los trabajos, ya durante el mandato de Enrique Losada al frente de la Autoridad Portuaria.

La razón de que Noya volviera a asumir esa función se debió a que "aparecieron críticas en la prensa local sobre la contratación externa del director de obra", según figura en el informe de fiscalización en referencia a las informaciones que fueron publicadas por LA OPINIÓN desde el 7 de enero de 2007 y que suscitaron una intensa polémica.

Cuentas centra únicamente su atención en comprobar si estos hechos causaron un "menoscabo patrimonial" a la Autoridad Portuaria, ya que pese a haber desaparecido formalmente la dirección de obra externa, continuaron efectuándose los pagos a la empresa, lo que el tribunal estima que "no estaba justificado" porque Noya volvió a figurar como el máximo responsable de los trabajos del puerto exterior.