28 de junio de 2019
28.06.2019
Diez años de la Torre como patrimonio de la humanidad | Consecuencias urbanísticas

Amparo al patrimonio, veto al ladrillo

La protección de la Torre frenó el polígono residencial de San Amaro acordado por el Gobierno vazquista, sin desarrollar y causante de dos millones en indemnizaciones

27.06.2019 | 21:18
Zona donde estaba previsto levantar edificios del polígono de San Amaro, con la Torre al fondo.

La declaración de la Torre de Hércules como patrimonio de la humanidad condicionó de manera decisiva desde hace diez años el desarrollo de una importante operación urbanística a 500 metros del faro romano, la conocida como Agra de San Amaro. No es hasta comienzos de 2011, año y medio después del reconocimiento de la Unesco, cuando la Xunta, a través de Patrimonio, comenzó a prohibir la construcción de edificios en el entorno de la Torre, por lo que tumbó el proyecto de aquellos promotores. La decisión no se quedó solo en el veto a la edificación desde entonces, causó también reclamaciones de los afectados, fallos judiciales e indemnizaciones.

Ni la Unesco ni el comité español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos (Icomos), encargado de evaluar la candidatura de la Torre a patrimonio de la humanidad, conocían el proyecto para construir bloques de viviendas de hasta siete pisos de altura en las cercanías del faro cuando le concedieron la distinción. No lo recogía el informe elaborado por el Instituto de Estudios Torre de Hércules para apoyar la candidatura coruñesa y no había informado de ello el Ayuntamiento.

La Unesco informó en febrero de 2010 de que examinaría si la urbanización en San Amaro afectaba al título mundial de la Torre, mientras que el entonces alcalde, Javier Losada, se apresuró a asegurar que la construcción de los seis edificios previstos no perjudicaba a la distinción. El Concello, que negó haber ocultado el proyecto a la Unesco, insistió en ello durante casi un año, hasta la prohibición anunciada por la Consellería de Cultura. En ese tiempo pasó de defender el mantenimiento del polígono residencial para no causar un "daño innecesario" a los promotores a señalar que modificaría el plan para que tuviese el menor impacto posible en el reconocimiento de la Torre, de manera que solo se pudieran construir en la zona parques o zonas de recreo.

El origen de este conflicto urbanístico se remonta a 1993, cuando el Gobierno de Francisco Vázquez firmó un convenio con los propietarios de terrenos de la zona necesarios para la construcción del paseo marítimo. A cambio de la ocupación de 46.200 metros cuadrados el Concello recalificaría las fincas „de suelo no urbanizable a urbano„ en el futuro Plan General de Ordenación Municipal y otorgaría a sus dueños una edificabilidad de 1,5 metros cuadrados por metro cuadrado. El polígono de San Amaro quedó recogido en el ordenamiento urbanístico de 1998.

Cuando los propietarios solicitaron las licencias para construir, el Concello las denegó apoyado en el informe de Patrimonio que impedía la ejecución de nuevas edificaciones para proteger la Torre por la declaración de la Unesco. El PP pedía en la oposición que el Gobierno local indemnizase a los propietarios, paso que descartó dar Losada.

Los dueños culparon al Concello de incumplir los acuerdos y amenazaron con recurrir a la vía judicial para reclamar 60 millones de euros como compensación. El plan general de 2013, esta vez con los populares en el Gobierno municipal, incluye el plan especial de la Torre, que reconoce el aprovechamiento urbanístico por las cesiones al Concello en la zona de Adormideras, un lugar distinto al inicialmente previsto. Dueños y promotores se opusieron al traslado y el proyecto quedó rechazado en mayo de 2015, tres días antes de las elecciones municipales, sin que el alcalde, Carlos Negreira, justificase la decisión y sin dar una solución a los propietarios.

Marea heredó el problema sin alcanzar un acuerdo con los promotores. Hasta la fecha, y tras sentencias judiciales en recursos promovidos por los afectados, el Concello ha tenido que pagar dos millones de euros a los propietarios de parcelas en el polígono de San Amaro procedentes de los convenios para permutar terrenos para el paseo marítimo. Este mismo mes el Tribunal Superior de Xustiza desestimó otro recurso de una promotora que exigía al Concello 30,6 millones por el veto a edificar.

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