El contrato que la empresa Supervisión Langosteira con la Autoridad Portuaria para que la primera ejerciera la dirección de las obras del puerto exterior se firmó el 23 de marzo de 2007. A partir del mes siguiente, el ingeniero Enrique García Ferro, contratado por la compañía para dirigir esos trabajos, comenzó a firmar las certificaciones de obras, una labor que hasta entonces había ejercido el responsable de Infraestructuras del Puerto, Fernando Noya.

Diciembre de 2007 fue el último mes en el que aparece la firma de García Ferro en esas certificaciones, ya que en enero de 2008 volvió a figurar la de Noya, según detalla el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización elaborado sobre las obras del puerto exterior. ¿Qué pasó en el inicio de ese año para que se produjera esa marcha atrás? El 7 de enero LA OPINIÓN publicó la existencia del contrato de dirección de las obras, con un importe total de 1,1 millones de euros y una vigencia hasta diciembre de 2011.

A este dato se sumaba el de que la Autoridad Portuaria despidió en 2005, poco después de la llegada de Macario Fernández-Alonso a la presidencia, al ingeniero que se encargaba de la dirección del proyecto de Langosteira, Emilio García, quien recurrió en los juzgados y consiguió una condena que obligaba al Puerto a readmitirle e indemnizarle.

En los días siguientes se conoció que Emilio García percibía 46.566 euros al año por su trabajo, mientras que el contrato de Enrique García Ferro suponía el pago de 230.000 euros anuales. En las alegaciones presentadas por el presidente y el jefe de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada y Fernando Noya, al informe del Tribunal de Cuentas se argumenta que parte de ese dinero estuvo destinado a costear gastos de oficina, comunicaciones, vehículos y administración. El propio García Ferro aseguró en 2008 que su sueldo bruto era de 100.000 euros.

El propio Tribunal de Cuentas señala en su informe que la razón de que García Ferro dejase de figurar como director de las obras fue la aparición de informaciones críticas en la prensa coruñesa. Emilio García fue uno de los que se pronunciaron en aquel momento, manifestando su disconformidad con que la dirección del proyecto se encomendase a una empresa externa. Los sindicatos CIG y CCOO también expresaron su disconformidad con ese nombramiento, que fue justificado no solo por la Autoridad Portuaria, sino también por el Gobierno local de aquel momento, formado por PSOE y BNG.

La polémica hizo que García Ferro dejase de firmar las certificaciones, aunque continuó su labor en Langosteira hasta 2011. Enrique Losada le mantuvo allí desde 2009, razón por la que ahora Cuentas exige que tanto él como Noya devuelvan a las arcas públicas 213.435 euros gastados en ese contrato.