29 de junio de 2019
29.06.2019
La Opinión de A Coruña
El coste del puerto exterior | La fiscalización del proyecto

Losada alegó a Cuentas que el contrato era correcto y ahora rechaza su responsabilidad

El presidente del Puerto pasa a argumentar que no intervino en la contratación de un técnico para las obras de Langosteira tras haber centrado su defensa ante el tribunal en que era legal

28.06.2019 | 22:10
Enrique Losada, durante la rueda de prensa que ofreció el jueves en la Autoridad Portuaria.

La inexistencia de responsabilidad en la contratación de un director de obras para punta Langosteira desde 2007 a 2011 es el nuevo rumbo adoptado por el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, para defenderse de la acusación del Tribunal de Cuentas, que le reclama el pago de 213.435 euros de forma conjunta con el director de Infraestructuras del Puerto, Fernando Noya. Mientras Cuentas instruía este procedimiento, el presidente se esforzó en intentar demostrar que el contrato no era irregular y que se había producido una "confusión" sobre las funciones del técnico contratado a causa de un "error de redacción", ya que el verdadero máximo responsable de la obra era Fernando Noya

La divulgación de que el Tribunal de Cuentas enjuiciará al presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, y al director de Infraestructuras del mismo organismo, Fernando Noya, por su supuesta responsabilidad en un contrato firmado por el anterior presidente del Puerto, Macario Fernández-Alonso, ha llevado a Losada a variar de estrategia sobre este asunto. Si en un primer momento manifestó a Cuentas que la contratación se ajustaba a la legalidad, tras informar LA OPINIÓN de la apertura del juicio por parte de Cuentas, el presidente portuario pasa ahora a defenderse públicamente con el argumento de que carece de cualquier responsabilidad sobre esa actuación.

El tribunal exige a los dos dirigentes portuarios que abonen de forma conjunta 213.435 euros por su presunta responsabilidad en el mantenimiento de un contrato de dirección de las obras del puerto exterior que se pagó hasta diciembre de 2011 pero que, según este órgano fiscalizador, dejó de estar en vigor en enero de 2008. Aunque fue Fernández-Alonso quien firmó el contrato, Cuentas considera que su responsabilidad en este caso ha prescrito y que le corresponde a Losada por ser quien debe afrontarla en la actualidad, de acuerdo con la legislación.

Durante la rueda de prensa que Losada ofreció el pasado jueves „convocada para dar cuenta de los acuerdos del consejo de administración del Puerto„ rechazó de forma continua que se le pueda atribuir la culpabilidad en la formalización del contrato, ya que se llevó a cabo más de dos años antes de que él accediera a la presidencia de la Autoridad Portuaria.

Se declaró "triste" por la iniciativa adoptada por el tribunal y calificó de "terriblemente injusto" que se le pueda reclamar que se haga responsable de una decisión que no tomó e incluso comparó su intervención en este caso con la canción Pasaba por aquí, de Luis Eduardo Aute, para explicar su situación. El presidente del Puerto también destacó que no tuvo conocimiento de que el contrato pudiera ser irregular hasta que el Tribunal de Cuentas se lo comunicó, así como que si hubiera optado por rescindirlo de haberlo sabido, tendría que afrontar una importante reclamación económica de la empresa adjudicataria.

Durante la fase de instrucción de la liquidación practicada igualmente por Cuentas, Losada argumentó que ese contrato había sido firmado por su antecesor, pero también dio todo tipo de detalles sobre la labor que a su juicio desempeñaba la persona contratada, ya que negó que fuera el máximo responsable de los trabajos de punta Langosteira y aseguró que en realidad se dedicaba a controlar la ejecución de los mismos, puesto que el auténtico director de la obra era Fernando Noya en su calidad de jefe del departamento de Infraestructuras del Puerto.

Losada aludió entonces a un "error de redacción" en el texto del contrato como origen de una "confusión" acerca de las funciones que acometía el técnico contratado a través de la empresa Supervisión Langosteira y proporcionó documentación en la que Noya aparece como el responsable último del proyecto. Las alegaciones del presidente no convencieron al tribunal, que no solo le consideró responsable de una presunta irregularidad al haber prescrito la que pudiera tener su antecesor, sino que rebatió sus argumentos sobre el contrato al poner de relieve que desde que se hizo efectivo en abril de 2007, el ingeniero contratado, Enrique García Ferro, pasó a firmar las certificaciones de obra, labor que hasta entonces desarrollaba Noya.

Una vez que se conoció la existencia del contrato en enero de 2008 y surgieron las críticas hacia el mismo, García Ferro dejó de estampar su firma en las certificaciones, que desde entonces volvieron a estar rubricadas por Noya. Para la instructora de Cuentas, "existió un cambio en la dirección de obras" mediante este contrato que estaría reflejado en las certificaciones y que tuvo un coste mensual de 16.500 euros.

De acuerdo con esta tesis, ese gasto "está justificado mientras esa situación se mantuvo de abril de 2007 a diciembre de 2007", pero que "deja de estar justificado" cuando la dirección de la obra vuelve a ser ejercida por el jefe de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria.

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