Dos semanas después de que la socialista Inés Rey tomase el bastón de mando para enfrentarse a un mandato de Gobierno en minoría, su partido negocia con la oposición la organización del Concello, una estructura que tendrá que ser aprobada en pleno y que se construirá sobre una propuesta que el PSOE remitirá a los grupos de la oposición esta semana. Sobre la mesa, a propuesta de los socialistas, está la subida de los salarios de los miembros de la Corporación local, que había reducido Marea Atlántica en 2015, cuando entró en María Pita y que ahora pretenden elevar de nuevo.

La propuesta de los socialistas plantea que la retribución que perciben los concejales „no solo los que tienen responsabilidades de Gobierno sino también los de la oposición„ y la alcaldesa se acerque a la que reciben representantes de otras ciudades con una población similar a la de A Coruña, que asciende a aproximadamente 245.000 habitantes.

Según la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que entró en vigor en 2013, pero que fue revisada y actualizada en 2015, 2016 y 2017, la alcaldesa puede percibir un salario de hasta 80.000 euros brutos. En 2015, el pleno de organización aprobó por unanimidad que el entonces alcalde Xulio Ferreiro cobrase casi 40.000 euros y que sus ocho ediles, percibiesen 35.000 euros. En A Coruña, el exalcalde Carlos Negreira cobraba 76.000 euros brutos anuales.

La ley establece también que el número de cargos de confianza en los concellos de entre 75.000 y 500.000 habitantes será, como máximo, el mismo que el de concejales, de modo que, en A Coruña, no podrá superar los 27. Eso no implica que todos estos cargos de personal eventual trabajen para el Gobierno local, sino que algunos „todavía habrá que decidir cuántos„ formarán parte de los grupos de la oposición.

En el acuerdo firmado por el PSOE y el BNG para este mandato, que no implica la entrada de los nacionalistas en el Gobierno local, hay tres puntos en relación a la organización, que ambas formaciones se comprometen a cumplir: la dotación de "recursos económicos y humanos suficientes" a los grupos municipales para que puedan ejercer su labor de oposición, también que se mantenga la presencia de los grupos en la Junta de Gobierno Local y en los órganos colegiados „una medida puesta en marcha por Marea Atlántica en 2015„ y también, aunque esto no tenga que ver con el pleno de organización, la negociación de los próximos presupuestos en septiembre, con un informe de impacto de género y la negociación de las ordenanzas con "tiempo suficiente".

En Vigo, que tiene una población de 293.642 habitantes, el alcalde, Abel Caballero (PSOE), cobró durante el año pasado, 74.018,18 euros, 6.000 menos de los que marca como máximo la ley. La exalcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro Asturias), con una población de 271.000 habitantes, cobró el año pasado 64.945,02 euros.

Tras la entrada de Marea Atlántica en María Pita, los salarios se redujeron, como también lo hicieron en otras ciudades gobernadas por candidaturas de confluencia, como en Barcelona. En su primer mandato, la alcaldesa, Ada Colau, cobró 100.000 euros, aunque solo se quedó 2.200 euros netos al mes en catorce pagas y, el resto, en cumplimiento del Código Ético de Barcelona en Comú, lo donaba a entidades sociales.

El pleno de organización ha de celebrarse en los treinta días siguientes a la investidura „que fue el 15 de junio„, aunque eso no significa que se apruebe la organización en ese primer intento sino que, como aconteció en 2015, los grupos pueden necesitar más tiempo para pactar el papel que cada uno desempeñará durante la legislatura.

En 2015, fue el 23 de julio cuando finalmente se aprobó la organización del Concello. Entonces, se aprobó la designación de 16 asesores, quedaba en el aire la presidencia de las quince comisiones creadas, también que los concejales del PP cobrarían 20.000 euros, salvo uno que contaría con una retribución de 27.000 euros; en el pleno también se dio el visto bueno a que Avia Veira, como única concejal del BNG, cobrase 27.000 euros y que el PP tuviese tres trabajadores, el PSOE, dos y el BNG, uno. Según la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en un Concello como el de A Coruña, que no llega a los 300.000 habitantes, el número máximo de dedicaciones exclusivas es de 18, teniendo que ser parciales las nueve restantes, aunque no siempre se agotan esas dedicaciones, ya que hay representantes de la oposición que prefieren mantener su empleo y compatibilizarlo con su labor en el Concello.

Tras el pleno de organización quedan aún otras negociaciones relacionadas con la estructura del Ejecutivo por delante, como quiénes serán las personas que integren órganos como el Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM) o los representantes del Concello en las empresas municipales de vivienda (Emvsa) y de aguas (Emalcsa).