Seis días después de que este periódico desvelara que el Tribunal de Cuentas considera al presidente y al director de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada y Fernando Noya respectivamente, presuntos responsables de la firma en 2007 de un contrato que para el organismo fiscalizador es irregular, el entonces máximo responsable del Puerto, Macario Fernández-Alonso, mantiene silencio sobre los hechos.

Cuentas enjuiciará en los próximos meses a Losada y Noya por entender que la responsabilidad de Fernández-Alonso ha prescrito y que son ellos quienes deben afrontar el posible pago de 213.435 euros de forma conjunta por haber mantenido un contrato que, según el tribunal, se pagó desde enero de 2008 hasta diciembre de 2011 sin que se realizaran los trabajos para los que entiende que se suscribió.

Este periódico intentó contactar con Fernández-Alonso la semana pasada y ayer mismo para solicitar su versión del conflicto, pero en la empresa que dirige en Santander informaron primero de que se encontraba de viaje y posteriormente que se halla de vacaciones y que permanecerá fuera del país durante todo el mes. El silencio del anterior presidente del Puerto no se rompió ni siquiera cuando Losada ofreció una rueda de prensa el pasado jueves para expresar su estupefacción por haber sido acusado de irregularidades por Cuentas y asegurar que no había tenido ninguna vinculación con ese contrato. El ahora presidente portuario eludió además culpabilizar a su antecesor, de quien Cuentas advierte que durante el procedimiento en curso aún podría ser considerado responsable de alguno de los hechos investigados.