Una mujer cuyo hijo se encuentra internado en un centro de menores de la Xunta deberá participar en un programa para aprender a hacerse cargo del mismo si quiere recuperar su custodia. Así lo establece una sentencia de la Audiencia Provincial que confirma la emitida previamente por el Juzgado de Instrucción número 10 de A Coruña, que negaba a la madre la posibilidad de volver a tener la tutela del menor, nacido en el año 2006, tras haberle sido retirada.

El tribunal justifica su decisión al apreciar la "falta de habilidades para reconducir y afrontar las necesidades" del hijo, que sufre trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Según se detalla en el fallo judicial, la mujer reacciona al comportamiento del muchacho con "sistemas de castigos excesivos" y "disciplinas exageradas" contras las que él se rebela, de forma que solicita a la Xunta que sea internado.

"Lo que se pretende precisamente es enseñarle cómo debe reaccionar, cómo puede superar esas situaciones. Si no se le enseña nunca sabrá cómo", explica la sentencia, en la que se afirma que un técnico autonómico manifestó sobre este caso que el problema de la madre "radica en que no se deja aconsejar". La Audiencia admite que "lo deseable" es que el menor regrese a su hogar para vivir con su madre, ya que el propio joven manifestó su deseo de hacerlo, pero considera que si ese hecho se produce "al poco tiempo volvería a producirse la misma situación".

Para el tribunal, "la única salida que posible" es que la mujer y su actual pareja "acepten los consejos que los técnicos intentan darles", así como que aprendan pautas para controlar el comportamiento del menor "sin necesidad de rigurosos castigos".

También advierte de que este adiestramiento "no se trata de una terapia" porque la mujer no sufre una enfermedad ni es necesario pautarle un tratamiento. De acuerdo con lo expresado por los técnicos, las consecuencias de que el joven esté internado en un centro son que no está sometido a un horario y que fume, aunque no son partidarios de que se le someta a un internamiento cerrado.

El menor cuenta con seguimiento de la Unidad de Salud Mental del Hospital Materno Infantil desde 2013 y está considerado como un alumno con necesidades educativas especiales. Al año de su nacimiento se abrió un informe médico por posible situación de abandono, por lo que la Xunta asumió su tutela y admitió que conviviera con su abuela. Al ser escolarizado, su situación de "grave precariedad económica" y su "exclusión" con respecto a sus compañeros de colegio motivó la aparición de "comportamientos disruptivos y antisociales", por lo que en 2014 fue internado en un centro autonómico. Un año después la relación con la madre aumentó hasta el punto de que la Xunta autorizó que se hiciera cargo de él, aunque en 2017 la educadora familiar del municipio de la comarca en el que reside la familia informó que la mujer tenía un comportamiento "estricto" con su hijo, al que infligía castigos físicos, le privaba de comer y le impedía disfrutar de tiempo libre.

La reacción del niño fue mostrar una actitud "desafiante" en el colegio, mientras que en su domicilio llegó a defecar y orinar en su habitación tras ser castigado. La Xunta ofertó a la madre un Programa de Integración Familiar, pero mostró un "rechazo total a cualquier medida de apoyo", al tiempo que solicitaba que se internase al niño, que finalmente ingresó en un centro ante su empeoramiento. Tras la entrada del menor en la institución, su comportamiento mejoró, por lo que la mujer solicitó su tutela, que ahora rechazan los tribunales mientras no aprenda a controlarle.