El anuncio de la alcaldesa, Inés Rey, sobre su voluntad de que el futuro de los muelles de la ciudad que queden sin uso sea objeto de una consulta ciudadana reactiva el debate sobre esta iniciativa, que la anterior Corporación municipal se comprometió a llevar a cabo pero que no llegó a materializarse. La propuesta de realizar este referéndum partió de la Comisión Aberta en Defensa do Común y fue apoyada en el pleno del 6 de marzo de 2017 por Marea Atlántica y el BNG, mientras que el PSOE decidió abstenerse al considerar que no era el momento adecuado para efectuarlo y el PP la rechazó.

Para poner en marcha la consulta, el Gobierno local encargó un informe jurídico que reveló que el Concello tendrá primero que acordar su realización por mayoría absoluta, un requisito que entonces no tenía visos de lograrse por la oposición de los socialistas. Si ahora el PSOE decide proponerla, contará con el apoyo de Marea y BNG, lo que le garantiza esa mayoría. Pero la consulta deberá ser autorizada previamente por el Ejecutivo central y, si el Concello recibe ese permiso, la convocatoria deberá ser efectuada por la Xunta a través de un decreto y luego realizada entre los treinta y los sesenta días siguientes a la publicación de la norma.

Durante el pasado mandato, la Comisión Aberta en Defensa do Común reiteró en varias ocasiones su exigencia de que se celebrase la consulta, aunque el Gobierno local explicó que antes era necesario saber qué se iba a preguntar a la ciudadanía. Para ello convocó un concurso de ideas sobre la transformación urbanística de los muelles y organizó un foro de debate sobre esta cuestión, actividades con las que pretendía elaborar una propuesta municipal para esos terrenos cuya redacción encargó a un equipo técnico, aunque no llegó a presentarse.

La celebración de la consulta fue uno de los ejes de la manifestación que se llevó a cabo el 7 de mayo, en la que participaron 3.500 personas según la Policía Local y 7.500 según los convocantes. En esa marcha se exigió la devolución gratuita de los terrenos portuarios que queden en desuso, pero también de La Solana y el hotel Finisterre, la cárcel y los solares del Ministerio de Defensa en A Maestranza.

El futuro de los muelles está marcado por los dos convenios firmados en 2004 por el Concello con el Ministerio de Fomento y la Xunta, que establecen su venta para financiar las obras del puerto exterior. PSOE, Marea Atlántica y BNG son partidarios de modificar esos acuerdos para adaptarlos a la nueva realidad política y económica, pero los socialistas tienen ante sí el reto de convencer a los dirigentes nacionales de su partido, si finalmente se mantienen en el poder en Madrid, de que acepten una solución que no implique la venta del suelo portuario.