10 de julio de 2019
10.07.2019

El Concello plantea el derribo del edificio ilegal de San Roque y mantener solo el sótano

El Ayuntamiento propone al juzgado cumplir así la sentencia del Superior, que declaró ilegal la licencia de 2002, otorgada con Vázquez de alcalde

09.07.2019 | 22:23
El número 13 de San Roque de Afuera, ayer.

El Contencioso-Administrativo número 4 ya tiene el proyecto de demolición del edificio ilegal de San Roque de Afuera. Sobre el inmueble número 13 de esa calle, frente al paseo marítimo, pesa desde 2008 una sentencia que declara nula la licencia de reforma otorgada en el año 2002, bajo el mandato de Francisco Vázquez, pero hasta 2017, el juzgado no urgió su ejecución. El anterior Gobierno local envió ya el plan para derribar la construcción, manteniendo solo los sótanos, y el actual Ejecutivo municipal se prepara para afrontar las reclamaciones patrimoniales de los propietarios de las 16 viviendas. Sus abogados ya alertaron de que exigirían indemnizaciones económicas por los daños y los realojos

El Concello ya ha enviado al Juzgado Contencioso-Administrativo 4 el proyecto de demolición del edificio ilegal del número 13 de San Roque de Afuera. La propuesta del Ayuntamiento pasa por derribar por completo el inmueble sobre rasante, manteniendo solo los sótanos, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de 2008 que declaró ilegal la licencia de reforma otorgada en el año 2002 por el Gobierno local del exalcalde socialista Francisco Vázquez.

El Ejecutivo municipal está a la espera de la contestación del juzgado, que puede realizar apreciaciones al documento, y también pretende mantener reuniones con los vecinos que habitan las 16 viviendas que tiene el edificio frente al paseo marítimo. El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, prevé estudiar a fondo el caso para poder cumplir el fallo judicial causando, dice, el menor daños a los residentes.

Los técnicos estudiaron en los últimos años diversas opciones para seguir la sentencia del alto tribunal gallego pero finalmente optaron por el derribo del edificio. Una de las alternativas era solo reformar lo que había sido declarado ilegal, es decir, una parte de las distintas alturas. La construcción ocupa toda la parcela cuando, según el plan general, solo podía levantarse sobre el 70% del terreno. Los funcionarios analizaron también realizar el derribo pero volver a levantar un edificio conforme a la normativa.

Finalmente, en el anterior mandato, la Concejalía de Rexeneración Urbana, que dirigía Xiao Varela, optó por la demolición, manteniendo el sótano, que tiene garaje y trasteros y que es compartido por toda la manzana. Este no incumple el plan urbanístico vigente en el momento de concesión del permiso municipal, en 2002.

Desde el año 2008, la sentencia no fue ejecutada por los sucesivos Gobierno locales y, en octubre de 2017, fue el juez de lo Contencioso-Administrativo el que instó al Concello a presentar la vía para cumplir el dictamen y daba un plazo de seis meses, que fue ampliamente superado.

Contestación

Para poder contestar al requerimiento judicial, la asesoría jurídica municipal dictó unas directrices al área de Rexeneración Urbana que acabaron con la contratación de la redacción del proyecto de derribo. El documento fue recibido en el Concello en abril de este año y, después, se solicitó el estudio de seguridad y salud. Con toda la documentación lista y aprobada por los distintos responsables de la concejalía, el plan se envió al Contencioso-Administrativo, que ahora debe pronunciarse. Si el juzgado da el visto bueno a la propuesta municipal, la siguiente fase sería la licitación de las obras.

Los propietarios de las viviendas afectadas por el derribo presentaron ante el Concello en los últimos años distintas reclamaciones de responsabilidad patrimonial por la concesión de una licencia ilegal. Resta saber cómo actuará el Gobierno local ante tales reclamaciones. Los representantes legales de los dueños alertaban hace meses de que si se procedía a la demolición, los afectados exigirían indemnizaciones por daños y por los realojos, que tendrán que efectuar mientras duren las obras y a posteriori, ya que se quedarían sin vivienda después de la ejecución de la sentencia.

Los letrados se amparaban en un permiso concedido por el Gobierno local del PP, del exregidor Carlos Negreira, para pedir que se realizan trabajos específicos en el edificio para subsanar las ilegalidades y poder obtener una nueva licencia adaptada al plan general. Los propietarios ya intentaron en diciembre de 2017 la suspensión cautelar del derribo, que fue rechazaba por el Gobierno local.

Denuncia

Fue una propietaria de un apartamento del edificio la que presentó la denuncia en 2002, alegando que la fachada de su edificio no se adaptaba al plan general de 1998, vigente en aquel momento. En 2005, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló la licencia por exceso de vuelo de la fachada y el Concello requirió a la promotora del inmueble que presentase un proyecto de reforma para ajustarlo a la normativa urbanística. Ya en 2008 el alto tribunal gallego declaró nulo todo el permiso y en 2013 desestima los recursos de apelación para evitar que se derribe el edificio. La sentencia se convirtió en firme pero no es hasta 2017 que el juzgado obliga a que se ejecute.

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