"Con todo lo que sea una solución para las dos partes, no habrá inconveniente", explica la portavoz de la denunciante del edificio ilegal de San Roque, que está defendida por el despacho del abogado Antonio Ulloa. La demandante se muestra "abierta" a la negociación "como siempre" y defiende que llegar a un acuerdo como el que alcanzaron a través de la mediación intrajudicial los afectados y el demandante del edificio Fenosa sería "ideal para todos" y la mejor opción para cerrar estos casi veinte años de lucha en los juzgados. A pesar de ello, admite también que "todo depende de la propuesta" que se les presente, ya que, por ahora, aún no se ha hablado de cifras.

Con una sentencia firme sobre la mesa, la parte demandante exige el cumplimiento del fallo, que es firme desde 2008 y la condena es clara: hay que demoler el edificio. Y es que, el inmueble que se levanta en el número 13 de San Roque de Afuera ocupa casi el doble de lo permitido en aquel momento según el plan general. En teoría, el edificio no podría tener construidos más de 1.569 metros cuadrados, mientras que, finalmente, superó los 3.000.

"La Corporación actual no nos ha llamado", comenta la portavoz de la demandante, que asegura que no está todavía presupuestado cuánto costaría la demolición y defiende que, ni el Concello ni el juzgado le ha notificado que el proyecto de derribo haya salido de María Pita para ponerse a disposición de la Justicia.

Una vez que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 estudie la documentación del proyecto de demolición del edificio sobre rasante tendrá que pronunciarse sobre esa propuesta del Ayuntamiento para cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). De este modo, solo se mantendrían los sótanos.

Este fallo declaró ilegal la licencia de reforma concedida en 2002 por el Gobierno local que, para entonces, estaba dirigido por el socialista Francisco Vázquez.

El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, también socialista, explica que "explorará" la vía de la mediación extrajudicial, utilizada por el anterior Ejecutivo local, de Marea Atlántica, para zanjar el conflicto abierto entre el denunciante de la antigua sede de Fenosa y sus vecinos. Las partes acordaron que no se demoliese el edificio „que llevaría a la quiebra al Concello, ya que podría ascender a 62 millones de euros„ a cambio de que el denunciante recibiese una indemnización y de que el Ayuntamiento construyese un edificio de cincuenta viviendas protegidas en el ofimático, entre otras medidas.

Esta propuesta es la que la parte demandante ve más factible y la que considera la "mejor opción" ya que, hace un año, el Concello había presentado una propuesta de demolición parcial que fue desestimada por el Juzgado, por considerar que no era válida. "Desde que está la sentencia, nadie se paró a hacer ni valoración de demolición ni reconstrucción ni del realojo de la gente. Es una cantidad que va a ser muy importante. Estamos hablando de construir un nuevo edificio", relata la representación de la denunciante. Sobre si las 16 familias que residen en el edificio tienen derecho a indemnización, la parte que promovió el pleito explica que la comunidad de vecinos, desde el principio, se colocó del lado del Ayuntamiento, por lo que desconoce si podrían recibir compensaciones.

La denuncia empezó en el año 2001, cuando no había nadie y, según la representante de la promotora de la demanda, seguirán "luchando" mientras estén "vivos".