Las denuncias presentadas por la Asociación de Empresarios y Emprendedores de Galicia (Ascega) ante varios ayuntamientos de la provincia por la organización de bodas y banquetes de forma supuestamente ilegal en varios edificios históricos de la provincia dio origen ya a actuaciones contra las empresas que llevaban a cabo esta actividad. El Concello de Bergondo ordenó a tres empresas que realizaban estos actos en otros tantos pazos que interrumpieran su labor, mientras que el de Cambre requirió a la compañía que gestiona una de estas construcciones que derribe una instalación existente en el exterior que es utilizada como cocina.
Según el Gobierno local bergondés, tras recibir información de Ascega sobre la actividad de los tres pazos, comprobó que carecían de licencia municipal para desarrollarla. El escrito remitido a la entidad empresarial el 31 de enero pasado señala que se ordenó a los responsables de esas empresas que se "abstengan de la realización de actividades de hostelería fija o eventual o cualquiera otra relacionada con la anterior, sin contar con el preceptivo título habilitante". La resolución indica que en caso contrario se abriría un expediente de infracción y, posteriormente, un expediente sancionador en caso de comprobarse la continuidad de la actividad.
El Concello informó ayer a este periódico de que "no consta ningún tipo de actividad" en los tres pazos, uno de los cuales ha salido a la venta, mientras que la web de otro de ellos no refleja la existencia de celebraciones. Pero en la tercera de ellas hay referencias en internet a la organización de estos acontecimientos en las dos últimas semanas del mes de junio.
En el caso de Cambre, la inspección realizada al pazo en febrero de 2018 permitió comprobar que el módulo construido de forma irregular en el exterior funcionaba como cocina, por lo que ordenó a la empresa que lo demoliera. A pesar de que ese requerimiento fue reiterado en varias ocasiones por el Concello desde entonces, el último de ellos hace solo dos semanas, no hay constancia de que se cumpliera la orden municipal.
Ascega tomó la iniciativa de reclamar la intervención de los ayuntamientos en los que se encuentran algunos de estos establecimientos tras haber presentado denuncias ante la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) sobre la presunta situación irregular de 18 locales que se dedican a la organización de bodas y banquetes. La agencia informó a Ascega que nueve de los locales que había denunciado son construcciones de carácter tradicional en los que están autorizadas obras de ampliación, incluida la construcción de edificios independientes que no sobrepasen la mitad del volumen del inmueble original.
Pero la normativa autonómica permite la prestación de servicios de restauración en estos lugares si los ayuntamientos les conceden una licencia, por lo que es esta administración la competente en la verificación de la existencia de esa autorización y de que los trabajos realizados cumplen con las disposiciones legales.
La APLU detalló también al colectivo empresarial que otros tres de los establecimientos cuya actividad denunció están situados en suelo rural, de forma que también en este caso son los ayuntamientos los responsables de comprobar que las obras llevadas a cabo se ajustan a la legalidad. La agencia solo podría intervenir si esos ayuntamientos le hubieran delegado esa función, lo que solo sucedió con uno de ellos, aunque la supuesta infracción denunciada se habría cometido antes de que se firmase el convenio de colaboración con la APLU, por lo que ese organismo no puede actuar en ese caso.
Al hacer públicas sus denuncias, Ascega manifestó que su objetivo era divulgar la existencia de "irregularidades en torno a los servicios boda" en la provincia coruñesa, entre las que figuraría que algunos de los establecimientos carecen de licencia de actividad, así como de seguro que cubriera sus responsabilidades ante la existencia de un siniestro. Para estos empresarios, esa situación es "gravísima" porque, según indicó, la Ley de Espectáculos Públicos hace responsables solidarios de los hechos de ese tipo a los promotores de la celebración, que en este caso son los novios.
Para Ascega, los clientes de esos locales sufren un "desamparo" por desconocer las condiciones en las que contratan los servicios en esos establecimientos, por lo que exigió a la APLU que actúe contra ellos.
La APLU mantiene abierta la investigación sobre supuestas irregularidades en cinco pazos.
La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) informó ayer que mantiene abiertas las diligencias informativas iniciadas hace ya varios meses sobre cinco pazos de la provincia en los que tiene competencias para investigar si las denuncias formuladas por Ascega sobre supuestas irregularidades son ciertas.
Este periódico contactó ayer con las empresas que gestionan estos establecimientos, una de las cuales, que explota dos de los edificios, declinó
realizar comentarios sobre la investigación que efectúa la APLU, mientras que los gestores de otro pazo se encuentran fuera de Galicia. En el
caso de otra de ellas,su responsable admitió que cuenta con la carpa anexa al pazo denunciada por Ascega pero que está autorizada por el Concello, que también le dio licencia para organizar bodas.
También señaló que la APLU visitó su local hace seis meses y comprobó que dispone de los permisos. En otro de los pazos,según sus responsables, la agencia estuvo hace meses y verificó su situación con el Concello, aunque Turismo también comprobó si disponía de las autorizaciones exigibles a estos establecimientos.
