La resolución del litigio de más de dos décadas por las irregularidades en la reforma de la antigua sede de Fenosa en la calle Fernando Macías no concluye con el acuerdo de mediación que en febrero impidió cualquier derribo en el edificio e indemnizó al denunciante de las ilegalidades. El nuevo Ejecutivo socialista hereda un conflicto originado hace más de 20 años durante un mandato de su mismo color y arreglado en gran medida en el ciclo político de Marea Atlántica, dado que todavía deberá resolver las compensaciones que puedan corresponder a los propietarios en concepto de responsabilidad patrimonial. ¿Qué prevé hacer el Gobierno local antes las 80 reclamaciones de dueños de viviendas y locales? La alcaldesa no lo tiene claro y evita de momento valorar la posible solución planteada por el Ejecutivo anterior: indemnizar con hasta 12.000 euros a quienes no denuncien al Concello en los juzgados.

"Tendré una reunión con los abogados de los propietarios del edificio el próximo lunes y partir de ahí podré hacer valoraciones y comentarios más precisos. Lo que no voy a hacer es valorar decisiones jurídicas", respondió ayer Inés Rey a una pregunta de este periódico.

Cuando Rey ganó las primarias del PSOE y se convirtió en aspirante a la Alcaldía dio el asunto por resuelto y restó trascendencia a la gravedad de las irregularidades cometidas por el Gobierno de Francisco Vázquez en la obra del edificio Fenosa. "Hay un caso que es el de un edificio, que se judicializó y se ha solucionado", dijo entonces. "Una vez que se ha arreglado el litigio a través de un acuerdo, habrá que darle el debido cumplimiento. Con los procedimientos y las resoluciones judiciales hay que ser muy riguroso y el Gobierno local va a cumplir la ley y las sentencias", avanzó antes de las elecciones.

Marea propuso mientras gobernaba indemnizar por daños y perjuicios con hasta 12.000 euros del inmueble siempre que optasen por no reclamar responsabilidades al Concello ante los tribunales. Esa cantidad máxima es la que percibirían los dueños afectados cuya vivienda es su domicilio habitual, mientras que 9.000 euros serían para quienes tienen el piso alquilado o desocupado. Si todos los demandantes se acogiesen a este acuerdo voluntario, el Concello tendría que desembolsar alrededor de un millón de euros. Rey, que esquivó ayer valorar esta medida, podría estudiarla.