La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha condenado a un coruñés de mediana edad por abuso sexual a una menor a dos años de prisión y al pago de una multa de tres euros diarios durante 18 meses (1.620 euros). Los jueces prohíben además al condenado acercarse a menos de quinientos metros de la menor y al pago de 600 euros más intereses en concepto de indemnización por daños morales.
Los hechos se remontan a 2016. En febrero de ese año, el acusado, que ya había sido condenado en 2015 por un delito de coacciones en el ámbito familiar, contactó en a calle con una menor de 13 años, a la que ofreció dinero y un móvil para que mantuviesen conversaciones telefónicas y por WhatsApp.
A lo largo de varios meses, el hombre mantuvo varias conversaciones con la menor, en la que le proponía mantener relaciones sexuales cuando cumpliese 14 años. El condenado envió a la niña fotografías de sus genitales y le pidió a la menor que le enviase a su vez fotografías. La documentación que consta en el atestado demuestra que durante varios meses, el condenado y la niña intercambiaron diversas fotografías.
Los jueces consideran también probado que el hombre quedó varias veces con la niña a la que, "con ánimo lúbrico, le dio varios besos en la boca y le efectuó tocamientos en el culo", según recoge la sentencia. El fallo detalla los distintos mensajes de contenido sexual que el condenado envió a la menor durante varios meses, con constantes alusiones a mantener relaciones sexuales y expresiones soeces. Durante unos cuatro meses, el imputado envió varias fotografías a la joven y no cesó en su acoso hasta que la comunicación fue interrumpida por la madre de la víctima, que al descubrir la situación, le retiró el móvil.
A consecuencia de estos hechos, la menor precisó de seguimiento psicológico.
Los jueces concluyen que los hechos son constitutivos de un delito de abuso sexual e imponen una pena de dos años de prisión y una multa de 1.620 euros. Durante el juicio, el acusado mostró su conformidad con las penas principales y accesorias solicitadas.
Los jueces han accedido a suspender la pena de prisión a pesar de que tenía antecedentes penales. Los magistrados condiciona esta suspensión a que el condenado no vuelva a delinquir y a que participe durante 180 días en un programa de trabajo en beneficio de la comunidad y en un curso de educación sexual.
