Una reunión en la Autoridad Portuaria y una visita a los muelles de punta Langosteira iniciaron ayer las relaciones entre el nuevo Gobierno local y el Puerto tras la llegada a la Alcaldía de la socialista Inés Rey. Tanto ella como el presidente del organismo portuario, Enrique Losada, insistieron ante los medios de comunicación en que a partir de ahora se abre una "nueva etapa" en la relación entre las dos administraciones, que durante el mandato municipal de Marea Atlántica estuvo marcada por el enfrentamiento.
Rey expresó su esperanza de que haya "diálogo y colaboración institucional" con el Puerto, mientras que Losada calificó de"muy satisfactorio" el resultado del encuentro, en el que hubo una "manifestación expresa de mantener lealtad institucional". Ambos dirigentes abordaron diferentes asuntos sobre los que Puerto y Concello comparten preocupaciones que se analizan a continuación.
▶Deuda portuaria. Los 300 millones que debe el Puerto por la construcción de punta Langosteira y que condicionan su estabilidad financiera llevaron a decir ayer a Inés Rey que es necesario que ambas partes hablen "sin tapujos de todo". La alcaldesa propuso esperar a que haya Gobierno central "para hablar en Madrid los dos juntos", en referencia a la exigencia al Ministerio de Fomento de una "condonación total o parcial" de la deuda o cualquier otra fórmula jurídica que resuelva el problema. Losada recordó por su parte que en 2021 la Autoridad Portuaria se verá abocada al pago del préstamo que le efectuó en su día Puertos del Estado, por lo que precisa de una solución urgente para no colapsar sus cuentas. Los acuerdos suscritos en 2004 por el Gobierno central socialista, la Xunta presidida por Manuel Fraga y el Concello dirigido por Francisco Vázquez establecía la venta de muelles para sufragar los costes del puerto exterior y, a pesar del cambio de opinión de los socialistas coruñeses sobre esa iniciativa en el pasado mandato municipal, en Madrid no ha habido por el momento una nueva postura sobre el sistema de financiación de esa infraestructura.
▶Muelles. El presidente del Puerto indicó que "no tiene sentido" debatir ahora el futuro de los terrenos de Repsol porque no estarán liberados antes de 2027 y aún será necesario otro año para acondicionarlos, por lo que defiende que se analice el destino de Batería y Calvo Sotelo, cuya venta acordó este organismo con la Xunta a espaldas del Concello. Para decidir qué se hará con los muelles, Losada declaró que la creación de un consorcio "sería una fórmula", pero no la única posible, ya que considera que "va a haber algún mecanismo a través del cual se determine cómo se alcanzan esos objetivos". Rey reiteró su apuesta por la puesta en marcha de un consorcio en el que estimó que es "necesaria la participación de todas las administraciones" y destacó que tiene que haber "un planteamiento de ciudad", así como "lealtad institucional". A juicio de la alcaldesa, "no se entendería un escenario de confrontación", a pesar de la actitud mostrada por la Xunta en este asunto, que excluyó al Concello de la negociación de un protocolo con Fomento y el Puerto para comprar el 51% de Batería y Calvo Sotelo a cambio de 20 millones, así como para mantener la subasta del hotel Finisterre y excluir de la operación al complejo deportivo La Solana.
▶Deuda municipal. El Concello adeuda 4,8 millones al Puerto, según la reclamación presentada por este organismo sobre la contribución municipal a las obras de urbanización de las explanadas de la Marina y O Parrote. Por la primera de ellas debe 3,2 millones y por la segunda 1,6 millones, aunque el interventor del Concello rechaza que se abonen ambas cantidades porque no considera justificados los gastos que detalló la Autoridad Portuaria. El conflicto se dirime ahora en los tribunales, por lo que la alcaldesa anunció ayer que en cuanto la asesoría jurídica municipal cuente con una dirección se analizará este asunto. Las diferencias impiden el traspaso al Concello de los terrenos y, por lo tanto, que se encargue de su gestión y de promover mejoras en la urbanización, como las que proyectó llevar a cabo el anterior Gobierno local.
▶Sobrecostes. Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo acaba de reducir de manera sustancial la reclamación exigida por las empresas constructoras del túnel de la Marina, que ascendía a 9,1 millones. La sentencia establece que los sobrecostes originados en las obras fueron de solo 1,8 millones, por lo que cabe suponer que Copasa y Civis Global recurrirán para tratar de obtener la cantidad solicitada. Enrique Losada comentó ayer que la juez cita en su fallo que la pretensión de las empresas "está muy lejos de lo que parece justo", así como que las circunstancias que motivaron los sobrecostes "no son riesgos extraordinarios", sino que fueron "asumidos por la constructora en origen".
