La Compañía de Tranvías cifra en 4,3 millones de euros anuales el perjuicio económico que sufrirá por la bajada de tarifas del bus urbano aprobada por el anterior Gobierno local, de Marea Atlántica, y que la empresa ha recurrido en los tribunales. El Ejecutivo de Marea Atlántica había calculado que los ingresos de la concesionaria se reducirían en 2,6 millones de euros anuales por la bajada del precio del viaje en diez céntimos, la gratuidad de todos los transbordos, así como de los trayectos realizados por menores de 13 años, pero la empresa considera que la caída de la facturación llegará a los 4,3 millones. El nuevo Gobierno local, del PSOE, mantiene la bajada de tarifas a la espera de la resolución judicial.
Para proporcionar esta cifra, y de acuerdo con los 7.582.611 viajeros transportados entre febrero y mayo, detalla que la bajada de la tarifa general le causó una reducción de ingresos de 649.696 euros, mientras que la anulación de los transbordos generó un descenso de 92.742 euros. A esto hay sumar que la gratuidad aplicada a los viajeros de menos de 13 años. que habrían supuesto 133.251 euros.
Pero, además, Tranvías añade a estas cantidades la que considera que dejó de ingresar por el rechazo del anterior Gobierno local a una subida de nueve céntimos a la que la empresa considera que tenía derecho de acuerdo con la fórmula polinómica con la que se calculan las tarifas desde 1986. La repercusión económica de esa negativa municipal sería de 584.727 euros, por lo que de febrero a mayo el descenso de ingresos habría llegado a 1.460.417 euros, de forma que en conjunto de 2018 alcanzaría 4.381.253 euros.
El anterior Gobierno local justificó la aplicación de la bajada de tarifas por los informes elaborados sobre esta concesión, uno de ellos de la Universidade da Coruña y otro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que calificaron de excesivos los beneficios que obtenía la compañía, que fueron de 4,1 millones el año pasado y de 4,3 millones en 2017.
La medida adoptada por Marea Atlántica fue recurrida en los tribunales por la Compañía de Tranvías al entender que se trata de una modificación unilateral del contrato mediante el que presta servicio. Esta iniciativa judicial se suma a la que inició en su momento cuando el Concello declaró caducada la concesión de la empresa, que en principio debía terminar en 2024, al considerar que al no haberse adaptado a la normativa de la Unión Europea tenía una duración máxima de treinta años que se habría alcanzado en 2016.
Cuando se tomó la decisión de poner en marcha la reducción de los precios, la Compañía de Tranvías presentó en el juzgado una solicitud para que se suspendiera de forma cautelar, lo que fue rechazado al considerar que si finalmente debe darse marcha atrás a la rebaja, la empresa podrá ser compensada económicamente por el Concello.
La empresa advierte de que es complicado aventurar el impacto del descenso de ingresos por la venta de billetes en sus beneficios, ya que también hay que tener en cuenta los ingresos de publicidad, los ingresos financieros o los generados por el incremento de las tarjetas Millennium y del dinero ingresado en ellas. A esto habrá que añadir la repercusión de los costes de personal y de combustible, cuyo incremento el año pasado en combinación con la congelación de las tarifas es la causa, según Tranvías, de la caída de los beneficios en un 12% en ese ejercicio.
Frente a la previsión municipal de que la bajada de tarifas favorecería el incremento de viajeros, la concesionaria señala que los 9.453.014 contabilizados de enero a mayo suponen un aumento del 4,2% sobre el mismo periodo del año pasado y que ese mismo porcentaje es el que el Instituto Nacional de Estadística menciona como aumento de los viajes en autobús urbano en toda España en los cinco primeros meses de este año.
Para la empresa, "A Coruña no está creciendo a un ritmo especialmente alto en comparación con el resto de ciudades de España y no se pueda afirmar que ese crecimiento sea consecuencia de la política tarifaria". El aumento en un 5,79% de los viajeros que se produjo en el primer trimestre del año no es significativo, según Tranvías, puesto que en 2018 la Semana Santa se celebró en marzo, mientras que en 2019 fue en abril y este factor generó un mayor número de viajeros en el tercer mes del ejercicio por la reducción de los días festivos, en los que el volumen de viajeros es mucho menor.
Inseguridad jurídica
La repercusión económica de las nuevas tarifas no es, según Tranvías, el aspecto más negativo de esa decisión municipal, sino la "inseguridad jurídica" que a su entender genera por establecer unos nuevos precios sin tener en cuenta los términos del contrato firmado en 1986. Según la compañía, la medida adoptada en febrero por el Concello le impide efectuar previsiones sobre su futuro, una circunstancia que también atribuye al conflicto originado por la caducidad de la concesión y que se ha traducido ya en la inexistencia de inversiones para la renovación de la flota de autobuses.
La concesionaria advierte que, a pesar de que se produzca un aumento de viajeros en este servicio, la política que siguió el anterior Gobierno local podría permitir variar las condiciones del contrato de forma unilateral y en cualquier circunstancia, de forma que la empresa no tendría control sobre su propia gestión ni se beneficiaría de la misma, al tiempo que soportaría un "enorme riesgo" por la incertidumbre sobre el comportamiento del Concello.
