El Concello tendrá que modificar su ordenanza municipal sobre la Inspección Técnica de Edificios (ITE) para adaptarla a la nueva ley gallega de rehabilitación, después de que el 14 de diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional anulase la normativa básica estatal en materia de inspección y evaluación de inmuebles, según explica en su memoria del año pasado el departamento de Vivienda y Rehabilitación.

En este documento consta que las inspecciones se paralizaron al conocer la sentencia, de modo que, si en 2016 se habían iniciado 167 expedientes, bajaron a 47 en 2017 y a ninguno durante el año pasado, cuando sí que se cerraron 62 casos que estaban en proceso de ser resueltos y que se habían abierto antes de que el Constitucional emitiese su fallo.

Fue en 2016 cuando el Concello acabó de "requerir la presentación de la Inspección Técnica de Edificios a todos los edificios que quedaban hasta finalizar el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) de la Ciudad Vieja y Pescadería, y que tenían de plazo un año para cumplir con esta obligación", según consta en la memoria del departamento, por eso la cifra de expedientes abiertos iniciados.

Tras la sentencia, la Xunta aprobó una ley de rehabilitación y renovación urbana en Galicia en mayo de este año, que es la que regula los Informes de Evaluación de los Edificios y a la que, ahora, tendrá que adaptarse la vigente ordenanza municipal.

Un trámite que, según explica el exconcejal de Rehabilitación Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, no se había iniciado en su mandato, a la espera de que la Xunta publicase su normativa. "Modificamos dos veces la ordenanza municipal, pero solo en lo relativo a las subvenciones, para aumentar la cuantía, para delimitar los núcleos rurales y para incluir los criterios de renta", explicó ayer Varela a este diario.

La finalidad de la Inspección Técnica de Edificios era la de someter a estudio las construcciones con una antigüedad superior a los cincuenta años, según la ley autonómica vigente, y a las que tienen más de cuarenta, atendiendo a la normativa municipal, así como a los inmuebles catalogados, para "conseguir que los propietarios ejecuten las obras necesarias de conservación y rehabilitación, incluso ordenando la ejecución de estas si fuese necesario", según explican los técnicos de la concejalía en la memoria de gestión del año pasado.

Los funcionarios explican que es "uno de los procedimientos más complicados" dentro del Servicio de Rehabilitación y Vivienda, junto con los procedimientos de corrección de deficiencias y las declaraciones de ruina de los inmuebles.

Esto se debe, según especifican los redactores de la memoria, a que hay propietarios del mismo inmueble que tienen intereses contrapuestos, que tienen dificultades económicas o a que se enfrentan a "anhelos especulativos". Plantean problemas también los alquileres de renta antigua y locales comerciales que se oponen a que se realicen obras en la propiedad, porque temen que afecten a sus ingresos.

Es por ello por lo que resulta difícil "cerrar los expedientes con la inspección favorable", ya que requieren obras ejecutadas y terminadas".