07 de agosto de 2019
07.08.2019

Los deberes pendientes en la Torre

Xunta, Concello y Estado deben afrontar la rehabilitación de la antigua cárcel, el cambio urbanístico en Adormideras y la protección del entorno natural del faro

06.08.2019 | 21:55
Turistas se hacen fotos con la Torre de Hércules de fondo.

La compensación a los propietarios de terrenos en el Agra de San Amaro en los que no pueden construir, la modificación de la normativa para impedir edificaciones en el entorno, la protección de la riqueza natural de los alrededores y la recuperación de la antigua prisión provincial son asuntos que el Concello, la Xunta y el Estado deben resolver en los próximos años para garantizar la adecuada preservación de la Torre de Hércules. Estas actuaciones están pendientes desde hace años y esperan por soluciones por parte de las administraciones implicadas en su ejecución

La visita el lunes a la ciudad de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, fue aprovechada por la alcaldesa, Inés Rey, para anunciar su intención de completar la ejecución del Plan Director de la Torre de Hércules, ya que, diez años después de la inclusión del faro en el patrimonio de la humanidad, ese documento aún está pendiente de desarrollar en su totalidad. Pero, al margen de ese plan, la atención al monumento que sirve de emblema a la ciudad tiene también sin realizar algunas actuaciones administrativas de gran importancia y que, además, deben ser puestas en marcha por diferentes instituciones.

La más trascendente quizás sea la que afecta al Agra de San Amaro y la cantera de Adormideras, lugares muy próximos a la Torre y que son el escenario de un conflicto urbanístico desde hace años. La construcción del paseo marítimo de Orillamar llevó al Concello a expropiar terrenos en 1993 en el entorno del faro, que fueron permutados por otros situados en el Agra de San Amaro. Pero en 2009 la Torre fue incluida en el patrimonio de la humanidad, cuando los promotores aún no habían solicitado licencia para construir, pero para entonces esas parcelas habían sido incorporadas a la zona de protección del monumento,que comprende una franja de 500 metros alrededor del mismo, por lo que el Concello tuvo que denegar los permisos para edificar.

Los afectados presentaron recursos judiciales para que se les concedieran las licencias, pero los tribunales los desestimaron, aunque no sucedió lo mismo con las reclamaciones por el daño económico sufrido, que ya obligan al Concello a compensar a algunos de los promotores. El Gobierno local del Partido Popular trató de resolver el problema con la propuesta de transferir la edificabilidad perdida en el Agra de San Amaro a la antigua cantera de Adormideras, lo que no solo no satisfizo a los empresarios, sino que soliviantó a los vecinos de la zona.

El PP dio marcha atrás a este proyecto en la recta final de su mandato, pero el plan general de la ciudad sigue autorizando la construcción en la cantera, por lo que Marea Atlántica se comprometió a su llegada al Gobierno local a modificar esa normativa. Pero desde 2016 el Concello no ha dado ningún paso para cambiar la ordenación de esos terrenos, lo que en teoría permitiría edificar allí, aunque los anteriores responsables municipales negaron esa posibilidad al no haberse aprobado aún la ordenación urbanística del lugar. El Gobierno local indicó además en 2017 que había variado de estrategia y optaba por elaborar un plan especial para la zona de la Torre en el que se recogería la prohibición de construir en esa parte de Adormideras, aunque ese documento tampoco llegó a ver la luz.

Y la amenaza de nuevas indemnizaciones a los promotores sigue en pie, ya que todavía no se ha encontrado una solución para su problema, que debe pasar por compensaciones económicas o permutas de terrenos en otra parte del municipio.

Hace ya dos años que el Concello inició los trámites para que el entorno de la Torre fuese declarado Espazo Natural de Interese Local (ENIL), calificación que le concedería una protección adecuada a esos terrenos. El pasado 8 de julio la Xunta aprobaba esa declaración de forma provisional y abría un periodo de información pública durante el que podrán presentarse alegaciones y se solicitarán informes a otras administraciones. El Concello, por su parte, deberá elaborar un plan de protección para la zona en el plazo máximo de dos años, por lo que el Gobierno local socialista tendrá que incluir ese trámite entre sus prioridades para su mandato.

El ENIL abarcará 39,48 hectáreas desde el extremo izquierdo de la playa de As Lapas hasta el derecho de la cala de Adormideras, con el paseo marítimo y la senda que sale de la antigua prisión como límite interior. Cuando esté aprobado de forma definitiva, las únicas obras y actividades que se podrán realizar allí serán las que no puedan ejecutarse en otro lugar, aunque se autorizarán servicios necesarios para el uso del dominio público marítimo-terrestre y equipamientos deportivos descubiertos, aunque todos los usos que vayan a realizar en el entorno de la Torre tendrán que contar con el visto bueno de la administración autonómica, que exigirá al Concello que exhiba los elementos de interés arqueológico, histórico y etnográfico presentes en la zona.

El futuro de la antigua cárcel, situada a pocos metros de la Torre y con una relación visual muy clara con este monumento, es otro de los asuntos pendientes que deben afrontar las administraciones. El edificio es propiedad del Estado a través de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, pero el Concello mantiene un litigio por su titularidad al considerar que al haber perdido su condición de prisión le debe ser restituido de forma gratuita. A la espera de que ese conflicto se resolviera, el anterior Gobierno local consiguió su cesión para usarlo como centro cultural, pero acabó por cerrarlo. El Concello está pendiente de que el Tribunal Supremo se pronuncie y saber si tiene que pagar o no la compensación que suscribió pagar Francisco Vázquez al Estado.

Una vez concluida la cesión del inmueble, su deterioro prosigue, ya que las obras realizadas por el Concello solo afectaron a una pequeña parte del recinto. El nuevo Gobierno local menciona a la vieja prisión como una de las posibles ubicaciones del nuevo centro de interpretación de la Torre, aunque la importante inversión necesaria para rehabilitarla y su permanencia en manos del Estado lo hacen casi inviable. El Plan Director de la Torre prevé instalar allí un museo de la ciudad, pero este proyecto por el momento no es más que una idea de la que no hay más desarrollo ni presupuesto.

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